La «american servicemembers protection act» de 2002

AutorMaría Torres Pérez
Páginas1004-1008

Page 1004

El 1. día 2 de agosto de 2002 entró en vigor la American Servicemembers' Protection Act of 2002 (ASPA), también conocida como The Hague Invasion Act. La ASPA forma parte de la 2002 Supplemental Appropriations Act for Further Recovery from and Response to Terrorist Attacks on the United States. Esta Ley sirve como ejemplo característico de la política radical que los Estados Unidos de América (EE. UU.) han adoptado en contra del establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI). Política que va acompañada de otras medidas, tales como la celebración de acuerdos bilaterales de inmunidad con algunos de los Estados Parte en el Tratado de Roma de 1998 estableciendo la CPI. Estos acuerdos no se pueden encuadrar entre los acuerdos que el artículo 98 del Estatuto de la CPI permite celebrar y pueden suponer, en consecuencia, un incumplimiento de las obligaciones que con la CPI tiene el Estado Parte que firme dichos acuerdos bilaterales. Esta política de EE. UU. tiene como finalidad, según el Senador conservador Sr. Jesse Helms, principal promotor de esta Ley, la de ´protect these soldiers and their civilian leaders from an unaccountable kangaroo courtª (Senador Jesse Helms, statement offering ASPA as amendment to the Defense Appropriations Bill). Pero esta Ley sobrepasa con mucho el derecho soberano de EE. UU. de negarse a participar en la CPI, ya que contiene toda una serie de disposiciones a través de las cuales persigue obstaculizar, impedir e, incluso, penalizar la ratificación del Tratado de Roma por parte de otros Estados igualmente soberanos.

La ASPA se divide en quince secciones dedicadas al establecimiento de toda una sucesión de prohibiciones relativas a las posibles relaciones entre la CPI y el sistema jurídico estadounidense, pero dando siempre poder al Presidente de EE. UU. para no aplicarlas cuando así lo considere oportuno, a través de un procedimiento reglamentado en la propia Ley. En particular, esta Ley establece cuatro grandes grupos de prohibiciones.

En primer lugar, la prohibición de cooperar por parte de cualquier Tribunal, agencia o entidad del Gobierno federal, estatal o local estadounidense con la CPI (sección 2004). Esta prohibición abarca distintos aspectos tales como: la prohibición de responder a los requerimientos de cooperación por parte de la CPI; la prohibición de trasmitir para su ejecución cualquier exhorto proveniente de la CPI, o cualquier otro medio solicitando cooperación; la prohibición de extraditar a la CPI, o de apoyar la extradición a ésta, de cualquier ciudadano estadounidense o de cualquier extranjero que goce de la residencia permanente en EE. UU.; la genérica prohibición de apoyar a la CPI en cualquier otro modo; la prohibición de utilizar cualquier clase de fondos financieros públicos para asistir de cualquier modo a la CPI; y la prohibición de investigar o de realizar cualquier tipo de actividad relacionada con procedimientos preliminares de investigación, acusación o cualquier otro procedimiento de la CPI en el territorio de EE. UU. o en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Hasta este punto, nada podemos argumentar sobre la licitud internacional de estas prohibiciones, ya que, aún siendo criticables desde un punto de vista ideológico, no son contrarias a la legalidad internacional pues forman parte del ámbito de decisión soberana de un Estado tercero en el Estatuto de la CPI. Pero junto a estas prohibiciones, se establece otra medida prohibitiva que sí que supone la contravención del Derecho internacional y es la restricción de la posibilidad de asistencia legal mutua en asuntos penales establecida en cualquier Acuerdo, Tratado o Convención cuando esta asistencia esté relacionada con la CPI. Este aspecto suscita de inmediato problemas de compatibilidad y jerarquía entre los tratados internacionales celebrados por EE. UU. y su legislación nacional posterior en el tiempo. Basta traer a colación, a este respecto...

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