Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de Noviembre de 2007. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Serie C No. 170

Fecha de Resolución:21 de Noviembre de 2007
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:El Salvador

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Chaparro Álvarez y L.Í. vs. Ecuador

Sentencia de 21 de noviembre de 2007

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso C.Á. y L.Í.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

C.M.Q., V.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 23 de junio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de la República del Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”), la cual se originó en las denuncias No. 12.091 y 172/99 remitidas, respectivamente, el 8 de septiembre de 1998 por el señor J.C.C.Á. y el 14 de abril de 1999 por el señor F.H.L.Í.. El 22 de octubre de 2003 la Comisión aprobó el Informe No. 77/03, mediante el cual decidió acumular las peticiones de los señores C. y L. en un solo caso y, además, las declaró admisibles. Posteriormente, el 28 de febrero de 2006 la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 6/06 en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 23 de marzo de 2006. El 16 de junio de 2006 la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte[1] ante la falta de respuesta del Estado.

  2. La Comisión indicó que al momento de los hechos el señor C., de nacionalidad chilena, era dueño de la fábrica “Aislantes Plumavit Compañía Limitada” (en adelante “la fábrica” o “la fábrica Plumavit”), dedicada a la elaboración de hieleras para el transporte y exportación de distintos productos, mientras que el señor L., de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. Según la demanda, con motivo de la “Operación Antinarcótica Rivera”, oficiales de policía antinarcóticos incautaron el 14 de noviembre de 1997, en el Aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, un cargamento de pescado de la compañía “M.O.M.” que iba a ser embarcado con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. En dicho cargamento, afirmó la Comisión, fueron encontradas unas cajas térmicas o hieleras en las que se detectó la presencia de clorhidrato de cocaína y heroína. Según la demanda, el señor C. fue considerado sospechoso de pertenecer a una “organización internacional delincuencial” dedicada al tráfico internacional de narcóticos, puesto que su fábrica se dedicaba a la elaboración de hieleras similares a las que se incautaron, motivo por el cual la Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas dispuso el allanamiento de la fábrica Plumavit y la detención con fines investigativos del señor C.. Según la Comisión, al momento de la detención del señor C. las autoridades estatales no le informaron de los motivos y razones de la misma, ni tampoco de su derecho a solicitar asistencia consular del país de su nacionalidad. La Comisión informó que el señor L. fue detenido, junto con otros empleados de la fábrica Plumavit, durante el allanamiento a dicha fábrica. La detención del señor L. supuestamente no fue en flagrancia ni estuvo precedida de orden escrita de juez, tampoco le habrían informado de los motivos y razones de su detención. Las dos presuntas víctimas supuestamente fueron trasladadas a dependencias policiales y permanecieron incomunicadas cinco días. El señor C. no habría contado con patrocinio letrado al momento de rendir su declaración preprocesal y la defensa pública del señor L. supuestamente no fue adecuada. Según la Comisión, la detención de las presuntas víctimas sobrepasó el máximo legal permitido por el derecho interno y no fueron llevadas sin demora ante un juez.

  3. La Comisión agregó que, a pesar de que se realizaron distintos peritajes que concluyeron que las hieleras incautadas no se habían podido elaborar en la fábrica Plumavit y de que no existió prueba alguna que incriminara a los señores C. y L. en el delito de tráfico ilícito de drogas, las presuntas víctimas fueron mantenidas en régimen de prisión provisional durante más de un año. Según la demanda, los señores C. y L. interpusieron los recursos a su alcance con el objeto de que se revisaran los fundamentos de la medida privativa de libertad, pero no fueron efectivos. La Comisión afirmó que la fábrica Plumavit fue aprehendida el 15 de noviembre de 1997, tras su allanamiento, y aunque no se encontró droga, fue restituida a su dueño casi 5 años después de haber sido incautada. El vehículo del señor L. hasta la fecha no ha sido devuelto. Igualmente, todavía existirían registros públicos y en instituciones privadas con antecedentes penales de las presuntas víctimas en relación con los hechos del presente caso.

  4. La Comisión solicitó a la Corte que estableciera la responsabilidad internacional del Estado por la violación en perjuicio de las dos presuntas víctimas de los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado. Finalmente, la Comisión solicitó que se declarara que el Estado incumplió el deber contenido en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención en perjuicio del señor L..

  5. El 9 de octubre de 2006 los señores X.F.A. y P.C.P., representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en los términos del artículo 23 del Reglamento del Tribunal (en adelante “el Reglamento”). Señalaron que se “adh[erían] en todos sus extremos a los [f]undamentos de [d]erecho que la Comisión […] presentó en su [d]emanda”.

  6. El 5 de diciembre de 2006 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”)[2], mediante el cual interpuso dos excepciones preliminares y contradijo las aseveraciones de la Comisión Interamericana.

  7. El 12 de enero de 2007 la Comisión y los representantes remitieron sus respectivos escritos de alegatos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.

    II

    Procedimiento ante la Corte

  8. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado[3] el 17 de agosto de 2006, y a los representantes el 10 de agosto del mismo año. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 5 y 6), el Presidente de la Corte[4] (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), los peritajes ofrecidos oportunamente por la Comisión, respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, el P. solicitó al Estado la remisión de determinada prueba para mejor resolver[5]. Finalmente, en consideración de las circunstancias particulares del caso, el P. convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de las dos presuntas víctimas, así como los alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares, fondo y eventuales reparaciones y costas[6]. Esta audiencia pública fue celebrada el 17 de mayo de 2007 durante el XXX Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala[7].

  9. El 15 de mayo de 2007 el Estado remitió parte de la prueba para mejor resolver solicitada por el Presidente, y el 6 de junio de 2007 las partes remitieron sus respectivos escritos de alegatos finales.

  10. Los días 12 y 17 de septiembre de 2007 el Estado remitió cierta documentación que no fue requerida por el Tribunal, y sobre la que la Comisión y los representantes alegaron extemporaneidad.

  11. Los días 18 y 25 de septiembre de 2007 el P. solicitó a los representantes y al Estado que remitieran nueva prueba para mejor resolver[8], la cual fue allegada al Tribunal dentro del plazo establecido para ello. El 9 de octubre de 2007 el señor L. presentó nueva documentación relacionada con la prueba para mejor resolver que el P. solicitó a sus representantes.

    III

    Excepciones Preliminares

  12. Al momento de presentar su contestación a la demanda, el Estado opuso dos excepciones preliminares, a saber: a) “incumplimiento de la regla del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” y b) falta de competencia de la Corte “en virtud de la fórmula de la cuarta instancia”. El Tribunal procede a analizar estas excepciones preliminares en el mismo orden en que fueron interpuestas.

    A) Falta de agotamiento de los recursos internos

  13. Según el Estado las presuntas víctimas no apelaron ante el Tribunal Constitucional las resoluciones de hábeas corpus que les fueron adversas, ni tampoco apelaron, “de acuerdo al Código de Procedimiento Penal”, los autos de prisión preventiva en su contra. Asimismo, el Estado sostuvo que “la vía adecuada disponible para remediar eventuales ilegalidades o arbitrariedades cometidas por la Jueza [que conoció el caso] era iniciar una acción civil de daños y perjuicios para reclamar una indemnización compensatoria por error judicial”.

  14. La Comisión solicitó, inter alia, que se rechazara esta excepción...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba