Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de Septiembre de 1996. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Serie C No. 29

Fecha de Resolución:19 de Septiembre de 1996
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Neira Alegría y otros Vs. Perú
Acto:Reparaciones y Costas
Solicitante:República Dominicana

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú

Sentencia de 19 de septiembre de 1996

(Reparaciones y Costas)

En el caso N.A. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

H.F.-Zamudio, Presidente

Hernán Salgado Pesantes, Vicepresidente

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Alirio Abreu Burelli, Juez

Antônio A. Cançado Trindade, Juez

Jorge E. Orihuela I., J. ad hoc

presentes, además,

M.E.V.R., Secretario

Víctor Ml. R.R., S. adjunto interino

de acuerdo con el artículo 44.1 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (en adelante “el Reglamento”) vigente para los asuntos sometidos a su consideración antes del 31 de julio de 1991 y en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en cumplimiento de la sentencia de 19 de enero de 1995, dicta la siguiente sentencia sobre reparaciones en el presente caso introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) contra la República del Perú (en adelante “el Perú”, “el Estado” o “el Gobierno”).

I

  1. El presente caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) por la Comisión mediante demanda del 10 de octubre de 1990 a la que acompañó el informe No. 43/90, aprobado el 14 de mayo de 1990. Se originó en una denuncia (No. 10.078) contra el Perú, recibida en la Secretaría de la Comisión el 31 de agosto de 1987.

  2. En dicha demanda, la Comisión afirmó que el Gobierno violó los artículos 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en virtud de lo cual solicitó que la Corte “decida sobre este caso conforme a las disposiciones de la Convención, que determine la responsabilidad por la violación señalada y que otorgue una justa compensación a los familiares de la[s] víctima[s]”. En el alegato final, la Comisión agregó los artículos 5 y 27 y suprimió el artículo 2.

  3. De acuerdo con la demanda, el 18 de junio de 1986 V.N.A., E.Z.E. y W.Z.E. se encontraban detenidos en el establecimiento penal S.J.B., conocido como “El Frontón”, en calidad de procesados como presuntos autores del delito de terrorismo. Agregó la Comisión que, como consecuencia del amotinamiento producido en ese penal en la fecha indicada, mediante Decreto Supremo Nº 006-86 JUS, el Gobierno delegó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el control de los penales y el Penal S.J.B. quedó incluido en las llamadas “Zonas Militares Restringidas”. Añadió que, desde la fecha en que las Fuerzas Armadas procedieron a debelar los motines, estas personas han desaparecido, sin que sus familiares los hayan vuelto a ver ni a tener noticia sobre ellos.

  4. El 27 de junio de 1991 el Gobierno presentó la contramemoria en la que negó y contradijo en todos sus términos los hechos consignados por la Comisión ante la Corte porque no se ajustaban “a las situaciones de hecho tal como se verificaron en la realidad los sucesos acaecidos en la isla penal 'El Frontón', con motivo del motín armado y toma de rehenes que protagonizaron más de un centenar” de internos acusados por el delito de terrorismo y solicitó sancionar a la Comisión por haber presentado este caso ante la Corte.

  5. El 19 de enero de 1995 la Corte dictó sentencia sobre el fondo del caso en cuya parte resolutiva dispuso:

  6. Declara que el Perú ha violado en perjuicio de V.N.A., E.Z.E. y W.Z.E. el derecho a la vida reconocido por el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.

  7. Declara que el Perú ha violado, en perjuicio de las tres personas indicadas, el derecho de hábeas corpus establecido por el artículo 7.6 en conexión con la prohibición del artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  8. Decide que el Perú está obligado a pagar a los familiares de las víctimas, con ocasión de este proceso, una justa indemnización compensatoria y a reembolsarles los gastos en que pudieron haber incurrido en sus gestiones ante las autoridades nacionales.

  9. Decide que la forma y cuantía de la indemnización y el reembolso de los gastos serán fijados por el Perú y la Comisión, de común acuerdo, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.

  10. Se reserva la facultad de revisar y aprobar el acuerdo y, en caso de no llegarse a él, la Corte determinará el monto de la indemnización y de los gastos, para lo cual deja abierto el procedimiento (C.N.A. y otros, Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, Parte resolutiva).

    II

  11. La Corte es competente, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención, para decidir sobre el monto de la indemnización y de los gastos en el presente caso, en razón de que el 28 de julio de 1978 el Perú ratificó la Convención y el 21 de enero de 1981 aceptó la competencia contenciosa de la Corte.

    III

  12. El 12 de abril de 1995 la Comisión le hizo saber a la Corte que no había sido posible llevar a cabo negociación alguna con el Gobierno y, por escrito de 21 de julio de 1995, le solicitó que diera inicio al procedimiento correspondiente a la etapa de reparaciones. Por lo tanto y, de conformidad con el punto cinco de la sentencia de la Corte de 19 de enero de 1995, le corresponde a la Corte determinar el monto de la indemnización y de los gastos.

  13. Por resolución de 1 de agosto de 1995 el Presidente de la Corte decidió iniciar el procedimiento sobre reparaciones y gastos y otorgó plazo a la Comisión hasta el 30 de septiembre de 1995 para que ofreciera y presentara las pruebas de que dispusiere sobre reparaciones y gastos en este caso. Además, la Corte otorgó al Estado plazo hasta el 7 de diciembre de 1995 para que presentara sus observaciones sobre el escrito de la Comisión, las cuales fueron recibidas en esa fecha.

  14. La Comisión presentó su escrito sobre reparaciones y gastos el 30 de septiembre de 1995. En este escrito la Comisión sostiene que es prioritario definir conceptualmente las partes con derecho a percibir la indemnización y determinar quiénes son las personas perjudicadas. Además solicitó señalar el alcance del concepto de la indemnización compensatoria, el reembolso de los gastos y la fijación de los montos respectivos. La Comisión cita el caso A. y otros en el cual la Corte establece que “la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados acepta generalmente que el derecho de solicitar la indemnización por la muerte de una persona corresponde a los sobrevivientes que resultan afectados por ella” y, en consecuencia, afirma que las partes con derecho a percibir indemnización son los parientes más próximos o la familia de las víctimas ( Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 54).

  15. Respecto de las personas perjudicadas que tienen derecho a ser indemnizadas por los daños causados por el Estado peruano a las tres víctimas, la Comisión presenta la siguiente lista: de la familia de V.N.A.: su esposa, la señora A.M.T. de N., quien tiene a su cargo el cuidado de tres hijos menores, e I.A., una de las hermanas de la víctima, quien interpuso la acción de hábeas corpus; de la familia de W.Z.E.: su cónyuge, la señora N.Y.M. y las hijas E.C.Z., E.V.Z. y M.Y.R., hija de la víctima y de la señora J.R.Z.; y de la familia de E.Z.E., por ser dicho señor soltero y sin dependientes, de acuerdo con la legislación peruana: su padre, don C.Z.F., su madre, doña A.E. de Z. y sus hermanos, J. y F.Z.E..

  16. La Comisión considera que a efecto de determinar el monto de la indemnización y su distribución se debe tener en cuenta un sistema de equilibrio que incluya la edad de la víctima, la expectativa de vida de la misma, sus ingresos reales y potenciales y el número de sus dependientes y sucesores.

  17. Según la Comisión, en el “daño emergente” se incluyen los gastos en que incurrieron los familiares de las víctimas así como los sobrevivientes, como consecuencia directa de los hechos. Se incluyen en este rubro gastos relacionados con gestiones judiciales y administrativas en el Perú, gastos médicos, fotocopias, llamadas telefónicas y otros gastos de asistencia jurídica. La Comisión estima globalmente los gastos incurridos por los familiares de las víctimas en US$6.300,00, suma que en su criterio es “una apreciación razonable de los gastos en que incurrieron los familiares de las víctimas en los múltiples viajes realizados a la ciudad de Lima, así como en las numerosas gestiones ante las autoridades del Estado peruano con referencia a este caso”. La Comisión solicita que este estimado sea dividido en partes iguales entre las tres familias; o sea el monto de US$2.100,00 para cada una de ellas.

  18. La Comisión sostiene que se incluye como “lucro cesante” todo “ingreso que los familiares dependientes podrían haber percibido, de parte de la víctima, durante los años de vida de ésta”. Para el cálculo de “lucro cesante” toma en cuenta el salario mínimo en la fecha en que sucedieron los hechos -junio de 1986- e incorpora los “ajustes por incremento general de sueldos durante el período (2% anual), teniendo en consideración la expectativa de vida en el Perú (sesenta y siete años)”. La suma que reclama la Comisión para cada familia bajo este rubro está en dólares “para referirse a una cantidad con poder adquisitivo estable, entendiéndose que se puede pagar en soles al cambio existente en la fecha del pago”.

  19. En relación con el “lucro cesante” la Comisión solicita específicamente las siguientes sumas:

    Para los familiares del señor W.Z.E.:

    US$172.958,35 para ser distribuidos de conformidad con el criterio de la Corte entre los siguientes...

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