3. La Corte Penal Internacional

• Pages: 99-196
• Author: Leyre Sáenz de Pipaón del Rosal

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3. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

3.1. introduCCión

Fernández Sola reflexiona en torno a “dos modelos de justicia inter-

nacional, de dos tribunales internacionales, los más representativos -dice-

cada uno en su ámbito de actuación, en los que concurren las notas co-

munes de garantizar principalmente derechos de los individuos, de ser

jurisdicción obligatoria para los Estados que han ratificado los instrumen-

tos internacionales que los instauran y de resultar innovadores en el mo-

mento de su creación con respecto a lo ya existente.

Por una parte, nos dice, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

órgano jurisdiccional regional, como es sabido, de larga tradición que en-

juicia comportamientos de los Estados con respecto a los individuos so-

metidos a su jurisdicción y la Corte Penal Internacional que es un órgano

de jurisdicción universal establecido por el Estatuto de Roma de 7 de julio

de 1998 y su puesta en realidad operativa a partir de las sesenta ratifica-

ciones, poniendo de relieve que se trata de una jurisdicción aceptada o a

aceptar por países de las más variadas culturas jurídicas, lo que, desde un

principio, lleva a numerosos problemas”66.

El objetivo básico a que obedece el establecimiento de un tribunal

criminal internacional es reemplazar la cultura de impunidad por la comi-

sión de crímenes muy graves por una cultura de responsabilidad. Nume-

rosos acontecimientos, en los pasados años y en la actualidad, demues-

66 N. Fernández Sola, “Dos modelos de justicia internacional: el Tribunal Europeo

de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional”, en Hacia una justicia internacional

cit., pp. 181 a 190.

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tran un aumento sin precedentes en la oportunidad de castigar crímenes

de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, consi-

derando el pasado, el presente y el futuro. Tales acontecimientos son tam-

bién prueba de la urgente necesidad de un tribunal criminal internacional

como institución permanente que tenga un efecto preventivo en el futuro,

que permita una reacción más ágil de la comunidad internacional cuando

se están cometiendo crímenes graves y evitar los costes y servidumbres

con respecto a la necesidad de que el Consejo de Seguridad establezca

tribunales ad hoc67.

Se pensó68, a partir de tales ideas elementales, en que dicho tribunal

criminal internacional podía cumplir importantes funciones:

1. Un intento de jurisdicción universal para investigar y perseguir ge-

nocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y, más

tarde, crímenes de agresión, imponiendo penas y reparaciones

para las víctimas, poniendo de relieve que la ley puede ahora apli-

carse a nivel internacional. Aunque se han aprobado numerosos

tratados y protocolos en la materia, se ha fracasado al tratar de

asegurar su aplicación. La mayoría de nuestras leyes a nivel inter-

nacional son meramente declaratorias, no contienen medidas de

67 P. Kirsch, “The work of the preparatory commission”, en The International

Criminal Court. Elements of crime and rules of procedure and evidence, R. S. Lee (Ed.),

Transnational Publishers, Ardsley, N. Y., 2001, p. XIV.

68 “Los ciudadanos europeos pueden exigir ahora a sus propios Estados la

aplicación de determinados derechos humanos. Esto proporciona un control supranacional

sobre los Estados y tiene una importancia fundamental en el adensamiento del derecho

humanitario, los sistemas de derechos humanos y las inquietudes cosmopolitas. Por otra

parte, estamos también en vísperas de que se cree el Tribunal Penal Internacional, otro

paso en este proceso de adensamiento. La aparición de dicho Tribunal Penal Internacional

es probablemente un proceso imparable, un factor de cambio legal que se remonta a

varias décadas atrás y que incluiría los Tribunales Internacionales de Núremberg y Tokio

después de la Segunda Guerra Mundial y otros más recientes que se han ocupado de la

investigación de crímenes de guerra en Ruanda y la antigua Yugoslavia. Estos tribunales

han tomado importantes decisiones y han ampliado los términos de referencia de la

reflexión internacional, fallando, por ejemplo, que las violaciones en masa y la esclavitud

sexual constituyen crímenes contra la humanidad. Si pensamos en los últimos cincuenta o

sesenta años, vemos que el progresivo desarrollo del Derecho internacional siempre ha

encontrado obstáculos, pero si se presiona y se lucha lo suficiente, a veces esos obstáculos

pueden ser vencidos”, D. Held, “Globalización, cosmopolitismo y democracia”, Entrevista

de M. Guibernau, en Revista de Occidente, núm. 262, marzo 2003, pp. 14 y 15.

JURISDICCIÓN CRIMINAL UNIVERSAL Y EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL

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procesamiento o remiten a las administraciones nacionales la im-

posición de sanciones. El resultado ha sido la inaplicación de la ley

y la impunidad de los autores, con lo que los conflictos continúan

surgiendo, los daños sin reparar, las heridas abiertas y el ciclo de

violencia persiste. La retribución contra grupos étnicos, religiosos

o políticos no es solución y con frecuencia produce nuevos ciclos

de violencia. La persecución criminal sirve al propósito importan-

te de considerar a los individuos como responsables y todo ello

se ha reconocido como necesario por un interés manifiesto en la

creación de un tribunal criminal internacional a lo largo de estos

últimos años.

2. Cualquier persona acusada de haber cometido delitos por aplica-

ción del Estatuto está sin duda mejor protegida bajo el régimen del

tribunal criminal internacional que ante sistemas legales extranje-

ros. Cuando una persona es detenida y perseguida fuera de su país

por un sistema penal de un Estado extranjero pudieran no existir

relaciones diplomáticas o tratados de extradición, el sistema legal

pudiera no ser aplicable o muy distinto del Estado del que es ciuda-

dano y pudiera no estar garantizado un juicio justo, especialmente

si tales actos han sido cometidos contra los nacionales o la propie-

dad de ese Estado. El Estatuto de Roma ha creado las garantías

para un proceso justo y las personas acusadas tienen derecho a una

protección de sus derechos humanos muy superior a las que han

podido reconocerse por otros instrumentos internacionales. Se ga-

rantiza asistencia legal, la elección de abogado y la compensación

por una detención equivocada, un fiscal independiente, una Cá-

mara de Cuestiones Preliminares con la posibilidad de cuestionar

la jurisdicción del tribunal o la admisibilidad del caso, proporcio-

nándose la oportunidad de que el acusado, los Estados y el fiscal

puedan plantear sus diferencias ante una Sala imparcial del tribunal

para evitar con eficacia investigaciones o persecuciones penales

motivadas por razones políticas.

3. El tribunal sustituye a cualquier tribunal ad hoc siendo al mismo

tiempo instrumento para mantener la paz y la seguridad en manos

del Consejo de Seguridad.

4. La operativa del tribunal penal internacional es subsidiaria y

ejercerá su jurisdicción solo cuando los Estados no quieran o no