3. Cabalgata de constituciones. Las cátedras de Derecho político y constitucional: el alimento de la soberanía nacional, las medicinas del moderantismo y el utilitarismo, el placebo del «justo medio» y la cirugía del «hombre providencial»

• Pages: 112-193
• Author: Francisco Sosa Wagner,Mercedes Fuertes

112 Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes

a contratar, no a 65 como hubiera correspondido según los cálculos del

acusador, sino a 60.

[…]

Por todas partes se ha buscado y escudriñado todo: nada más se ha

encontrado, y eso que no hubiera sido extraño haber caído en algún desliz

en una administración como la mía, bastante larga para los tiempos que

corren, afanada, llena de cuidados, que empezó con el cólera y acabó con

el levantamiento de las Juntas, a la cual daban incesante ocupación los

negocios y la permanencia de las Cortes durante diez meses continuos.

3. CABALGATA DE CONSTITUCIONES. LAS CÁTEDRAS

DE DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL:

EL ALIMENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL,

LAS MEDICINAS DEL MODERANTISMO Y EL

UTILITARISMO, EL PLACEBO DEL «JUSTO MEDIO»

Y LA CIRUGÍA DEL «HOMBRE PROVIDENCIAL»

Tras la labor de 1812 vendrán el Estatuto Real de 1834, inspirado en

el modelo francés de 1814 y que, siguiendo el canon doctrinario mode-

rado, instaura dos Cámaras llamadas «Estamento de Próceres del Reino»

y «Estamento de Procuradores del Reino»; la Constitución de 1837, pre-

sentada como una reforma de la gaditana pero en puridad un texto nuevo

con ingredientes progresistas —poderes del rey— y conservadores por

cuanto crea un bicameralismo de origen popular destinado a reducir la

inuencia del Congreso de los Diputados; la de 1845, la más importante

de este período ya que su vigencia coincide con la época moderada, de-

terminante para la conguración del Estado y por tanto meollo de lo que

se va a encontrar el lector en este libro; este texto se mantendrá hasta la

salida de España de la reina con parciales reformas o intentos de refor-

mas: así, un texto que no llegó a nacer vinculado al período «progresista»

del general Espartero; el Acta adicional de 1856, en puridad, un breví-

simo suspiro, y la Ley constitucional de reforma de 1857, que contiene

otra modicación del Senado, vigente hasta 1864, una etapa de vuelta al

«moderantismo» y el inicio del «Gobierno largo» de la Unión Liberal en

el que guró un personaje clave para nuestra investigación, José Posada

Herrera; la Constitución de 1869, aprobada una vez caída la monarquía

de Isabel II y que inspira el Sexenio, cubre varias etapas que incluyen en

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su seno el período turbulento de la regencia del general Serrano y tam-

bién el reinado de Amadeo I más la etapa republicana pues el proyecto de

Constitución republicano federal no llegó a aprobarse por lo que nunca

quedó desplazada por completo la Constitución de 1869 que se mantuvo

de una forma confusa; en n, la Constitución de 1876, una vez restaurada

la monarquía borbónica, que amplía de manera formal la referencia a los

derechos individuales ya reconocidos en 1869, aloja un expresivo silen-

cio del derecho de sufragio que permitirá acoger más tarde el sufragio

universal, en n, admite la confesionalidad del Estado, pero entreverada

con la libertad de cultos.

Como ha escrito lúcidamente Jover Zamora «esta tradición consti-

tucional de orden formal se maniesta históricamente acompañada —es

decir, parcialmente suplantada—, en el campo de las realidades sociales,

por una serie de fenómenos y de comportamientos políticos disconfor-

mes con la letra y el espíritu de todos y cada uno de los textos constitu-

cionales que lograron alcanzar vigencia ocial. Hay pues, en la España

isabelina y del Sexenio una tradición constitucional escrita … pero hay,

por otra parte, una tradición de anomalía o incumplimiento con respecto

a la norma constitucional que se maniesta históricamente en diversas

formas, por más que afecte principalísimamente a la adulteración de los

procesos electorales».

Estas anomalías o «malformaciones» serían cuatro: un poder político

oligárquico que ignora su carácter representativo, tal como viene procla-

mado en los textos legales; la adulteración del sufragio a través del poder

ejecutivo, de forma que la Administración suple en la realidad a la repre-

sentación; el exclusivismo con que actúan los incipientes partidos polí-

ticos dicultando la alternancia y haciéndola traumática cuando se pro-

duce; en n, la confusión entre el poder civil y militar con la ostensible

presencia de guras sobresalientes —Narváez, Espartero, O´Donnell—

que, si bien no actúan como caudillos militares, conforman, con su ener-

gía y su temperamento, un modo especíco de gobernar.

Las clases dominantes serán los terratenientes; la alta burguesía li-

gada a las nanzas, el comercio, la industria o la explotación colonial;

la nobleza y los eclesiásticos y militares de alto rango. A su servicio la

clase política integrada por ministros, diputados y una burocracia débil

y mal formada pero que se aanza.

***

114 Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes

El nal de los trabajos constitucionales en Cádiz y el horizonte de

lavuelta del «Deseado» a España desató, entre la población liberal, el

afán de manifestar, con medios académicos, la delidad a la obra ga-

ditana, la conanza en su contenido y la esperanza en su aptitud para

enderezarlos problemas de España.

Ya en el art.368 de la Constitución se decía que «el plan general

de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la

Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y es-

tablecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y

políticas». Un objetivo demasiado ambicioso para el momento pero que

al menos alentó dos iniciativas, una en Valencia, otra en Madrid.

En efecto, en Valencia, quien explicaba derecho civil, Nicolás Ga-

rely, solicitó que se le autorizara a enseñar el derecho constitucional. Las

mismas Cortes le dieron satisfacción y así fue cómo nacieron unas cla-

ses que se impartieron —ironía de las ironías— en la sede de la extinta

Inquisición a partir de enero de 1814.

En Madrid fue el director de los Reales Estudios de San Isidro, una

institución de enseñanza no universitaria, quien encomendó a Miguel

García de la Madrid, hombre de compleja formación y profesor sustituto

de Lógica, la explicación de la Constitución. Ambos trabajaron gratis en

ese empeño.

Sabemos que en mayo de 1814 se consumó el golpe de Estado del

rey lo que convirtió a estos dos abnegados profesores en peligrosos per-

seguidos.

Fueron estas cátedras o, mejor dicho, estas tribunas espontáneas, no

ligadas a la Universidad, «concebidas con un propósito de formación

ciudadana, no pretendían constituir una teoría cientíca que orientara

la labor del gobernante o el legislador ni eran en principio un elemento

de la formación profesional del jurista» según la valoración de Sánchez

Agesta, quien dedicó un breve trabajo a esta curiosa y fugaz experiencia.

Cuando llegó el Trienio liberal se introdujo, por el plan de estudios

de 1821, una asignatura llamada de «derecho público constitucional»

en las Facultades de Jurisprudencia. Y es en esta etapa en la que es pre-

ciso alojar una obra bien escrita, sistemática, de entretenida lectura y

también de algunas ácidas apreciaciones, rmada por Ramón de Salas.

Este hombre, aunque aragonés, tuvo su vida ligada a Salamanca

donde fue objeto de muchos agravios por ser considerado un disoluto,

amigo de francachelas y de sujetos poco abonados, revolucionario, lec-