2. De la primera mención a la «ciencia administrativa» a otros iniciales recelos hacia esos estudios, incluida la noticia del duelo donde murió el impulsor del sistema contenciosoadministrativo

• Pages: 463-508
• Author: Francisco Sosa Wagner,Mercedes Fuertes

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2. DE LA PRIMERA MENCIÓN A LA «CIENCIA

ADMINISTRATIVA» A OTROS INICIALES RECELOS

HACIA ESOS ESTUDIOS, INCLUIDA LA NOTICIA

DEL DUELO DONDE MURIÓ EL IMPULSOR DEL

SISTEMA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Caminamos en el capítulo anterior con Juan Germán Roscio por la

Gran Colombia y fue en el marco de la acción de ese gobierno cuando

aparece una de las primeras menciones a la «ciencia administrativa» en

Hispanoamérica.

En 1821, una ley educativa, además de establecer nuevas escuelas

públicas, amplió el contenido de los estudios jurídicos, centrados en-

tonces en el derecho civil y canónico, con el llamado derecho de gentes

que incorporaba contenidos constitucionales. Y en 1826 se aprueba un

ambicioso código de educación sobre el funcionamiento de las universi-

dades. Incluía planes de estudio, entre ellos el de Jurisprudencia donde

se impartiría una «Cátedra de Derecho público, Constitución y Ciencia

Administrativa». Un año después se dividió de tal modo que se creó la

«Cátedra de Ciencia Administrativa y principios generales de estadísti-

ca», cuyo objeto especíco de enseñanza: «dará a conocer las funciones

y obligaciones de los jefes de la Administración … de las leyes de Co-

lombia, las funciones principales de sus jefes de Administración y las

diferentes obligaciones que ellas imponen… los principios generales de

esta ciencia en la que se deben estudiar los elementos de comercio, de

agricultura, y de industria, la teoría de las rentas e impuestos, la estadís-

tica de la República, los presupuestos anuales de gastos y las discusiones

a que haya lugar en el Congreso».

Ese mismo decreto estableció los textos que habían de utilizarse

como referencia. Para la enseñanza del Derecho político y constitucional

se señalaron de manera explícita el Cours de politique constitutionnelle

de Benjamin Constant y así como los Tratados de Jeremy Bentham, ade-

más de la cita a otros clásicos franceses. Para explicar el contenido de la

nueva «ciencia administrativa» se recomendaron las obras de Portiez de

l’Oise y de Bonnin.

El impulso de esas disposiciones y reformas se atribuye a Francisco

de Paula Santander, militar a quien se apodaba como «el hombre de las

leyes». Bolivar le nombró vicepresidente de la Gran Colombia. Des-

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de el gobierno desempeñó un papel fundamental en la extensión de la

educación, lo que concretó en la creación de escuelas, el cuidado de la

formación de los maestros, la defensa del contenido laico y liberal de las

enseñanzas, el incremento de centros culturales, la modicación de los

planes de estudio… En 1827, promovió la creación de Universidades,

como la del Cauca, Cartagena, Caracas, Quito, así como la Central con

sede en Bogotá (que procedía del colegio de los jesuitas de San Barto-

lomé).

Tras la conjura septembrina de 1828 contra Simón Bolívar, Santan-

der primero es condenado a muerte y, luego, desterrado. Lo que interesa

a los efectos de este libro es que, entre los acuerdos que se adoptaron

como reacción a la conspiración, se suspendieron los estudios de ciencia

administrativa al quedar: «sin ejercicio alguno las cátedras de principios

de legislación universal, de derecho político, constitución y ciencias ad-

ministrativas». ¿El motivo? Se desconoce. Algunos rumores, entre otros

ecos, señalaban la vinculación de varios estudiantes de jurisprudencia

en ese complot y, a partir de ahí, la persistente antipatía de Bolívar con

quienes procedían del «colegio de San Bartolomé», esto es de la Univer-

sidad Central de Bogotá.

Exiliado, Santander viaja por algunos países europeos, teniendo

contactos con Alexander von Humbolt, Jeremy Bentham, entre otros

ilustrados europeos, además de nobles y militares. Tras la disolución

de la Gran Colombia en 1830, regresó a Bogotá ya que se le ofreció la

Presidencia de la Nueva Granada (recordemos que ocupaba aproxima-

damente los territorios actuales de Colombia y Panamá). Murió en 1840

tras una larga actividad política.

Volvamos nuestra atención a los estudios de Derecho público. La

recuperación de estos es discutida entre los historiadores (como resu-

me Malagón Pinzón) pues, por un lado, existe una orden del propio Si-

món Bolívar restableciéndolos, con el matiz de prohibir las referencias

a Bentham, mientras que, por otro, se apunta a la acción de Santander

cuando es nombrado presidente de La Nueva Granada en 1832. Hemos

encontrado sucientes referencias para poder armar que estaban de

nuevo abiertas tales cátedras en 1833.

¿Quién impartía estas enseñanzas? Entre los nombres que recogen

quienes han profundizado en los archivos destacamos dos, cuyas obras

hemos conseguido y lo importante, tuvieron una notable relevancia: Flo-

rentino González y Cerbeleón Pinzón. Empecemos por este último.

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Cerbeleón Pinzón explicó en la Universidad Central de Bogotá ini-

cialmente Derecho Constitucional, clases de las que surgiría su Tratado

de Derecho constitucional (1839). Es este un texto sencillo que repasa

las nociones básicas con una expresión directa y clara. Probablemente

esa naturalidad fue uno de los motivos que llevaría años más tarde al pre-

sidente Manuel Murillo a encargarle una obra de divulgación. La tituló

Catecismo republicano (1863), al estilo de los «catecismos políticos»

que se habían publicado tras la aprobación de la Constitución de Cádiz

cuyo art.366 aludía a la enseñanza desde «las primeras letras» de las

obligaciones civiles. Por ejemplo, en Costa Rica se difundió el «Catecis-

mo político dedicado al pueblo» de José Santos Lombardo.

A esa publicación de Cerbeleón Pinzón siguieron otros textos breves

dirigidos a insistir en los benecios de la Constitución, en cómo garan-

tizaba los derechos, sin omitir algunas pautas para su mejora. Los tituló

Juicios a la Constitución. Escribió también Sobre la Paz Pública, unas

páginas que muestran su honda preocupación por tantas guerras civiles,

ante la encarnizada hostilidad entre centralistas y federalistas. En este

texto desgrana de manera detenida la necesidad de la paz para la educa-

ción democrática, para bonanza de los agricultores y la extensión del co-

mercio, para conservar la riqueza natural, para la reducción de la deuda

pública… Insiste en la necesidad de entendimiento, en cómo deberían

comportarse los partidos políticos, apunta lo que se hubiera hecho con

tanta riqueza gastada, con tantas vidas segadas, además de recordar citas

de autores clásicos. Se extiende porque «escribiendo por la paz pública

quisiera que las horas no corrieran, ni los astros llegaran a su ocaso; qui-

siera tener una pluma de diamante y un tintero que encerrara el secreto

de guardar una tinta inagotable…[soy] ciego idólatra de la paz pública.»

Con anterioridad a estas obras, publicadas cuando ejercía respon-

sabilidades en el gobierno, el principal motivo de que aparezca en esta

nuestra es que se hizo cargo de la cátedra de ciencia de la Administra-

ción, explicaciones que generarían sus Principios sobre Administración

pública (1847).

A diferencia de los Principios de Bonnin que, como sabemos era la

obra que se había recomendado desde la delimitación de los estudios de

ciencia de la Administración, en este libro el autor se preocupa de su-

brayar los deberes morales y los principios de política que han de seguir

gobernantes y funcionarios. Su lectura muestra su bonhomía pues admi-

tía que los gobernantes atendieran a los «sentimientos que la naturaleza