Introducción

• Author: Juan Carlos Moreno-Brid y Ramón Padilla Pérez
• Pages: 1-2

BIENESTAR Y POLÍTICA SOCIAL

VOL. 8 NÚM. 2, pág. 1-2

1

INTRODUCCIÓN

Juan Carlos Moreno-Brid

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Sede Subregional en México

JuanCarlos.MORENO@cepal.org

Ramón Padilla Pérez

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Sede Subregional en México

Ramon.PADILLA@cepal.org

as micro y pequeñas empresas (MYPES) son actores centrales para el desarrollo productivo

en América Latina por su contribución a la generación de empleo, su participación en el

número total de empresas y, en menor medida, su aportación al producto interno bruto. No obstante,

su producción está vinculada principalmente al mercado interno y se caracterizan por una creciente

brecha de productividad con las empresas grandes. Esta heterogeneidad estructural es una de las

causas de la marcada desigualdad social de América Latina, dado que las elevadas diferencias de

productividad se reflejan en el acceso a redes de prestaciones sociales, las opciones de desarrollo

profesional a lo largo de la vida laboral, y los salarios y prestaciones de los trabajadores (CEPAL

2010).

En América Latina se observa un desarrollo significativo de instituciones y políticas de

apoyo a MYPES en las últimas dos décadas, incluso durante periodos en los que el Estado adoptó

en general un papel pasivo en el fomento del desarrollo productivo. La crisis económica y financiera

internacional del 2008-2009 ha dado un nuevo impulso a la política industrial, incluidos los

instrumentos dirigidos a MYPES, ante la evidencia de que al cabo de dos décadas de reformas

económicas las tasas de crecimiento económico siguen siendo modestas y con una baja contribución

de la productividad a las mismas. Existe también un creciente reconocimiento de que el mercado

por sí sólo, lejos de reducir la heterogeneidad estructural, amplía las brechas productivas entre

MYPES y grandes empresas.

Los programas e instrumentos de apoyo a MYPES que se han puesto en marcha en América

Latina son muy diversos e incluyen: capacitación empresarial; asesoramiento e información;

servicios financieros y garantías; fomento a las exportaciones, internacionalización y acceso a

mercados; articulación productiva, redes empresariales, asociatividad y territorio; innovación y

desarrollo; incubación y fomento del emprendimiento; desarrollo de proveedores, y sistemas de

compras públicas.

No obstante, una evaluación reciente hecha por la Comisión Económica para América Latina

y el Caribe (CEPAL) afirma que los resultados de dichos programas e instrumentos son aún

insatisfactorios en términos de atender los rezagos de las MYPES en materia de productividad,

baja capacidad exportadora y poca capacidad de supervivencia en el largo plazo (80 por ciento de

ellas no sobreviven los primeros dos años de operación) (Ferraro y Stumpo 2010). El mismo

estudio argumenta que los logros han sido limitados debido a la escasa coherencia entre los

objetivos, los instrumentos, los programas y los presupuestos asignados; la falta de trayectoria de

aprendizaje de las instituciones involucradas en la ejecución de las políticas, y problemas en el

L