Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de Noviembre de 2011. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Serie C No. 236

Fecha de Resolución:23 de Noviembre de 2011
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Fleury y otros Vs. Haití
Acto:Fondo y Reparaciones
Solicitante:Honduras
 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

C.F. y otros Vs. Haití

SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

(FONDO y REPARACIONES)

En el caso F. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.F., V.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 28, 30, 32, 59 y 61 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

C.F. y otros Vs. Haití

Tabla de contenido

I Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 4

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 6

III MEDIDAS PROVISIONALES 6

IV COMPETENCIA 7

V CONSIDERACIONES PREVIAS 7

A. La falta de comparecencia del Estado en el proceso ante la Corte. 7

B. Presuntas víctimas. 9

VI PRUEBA 9

  1. Prueba documental, testimonial y pericial 9

  2. Admisión de la prueba 10

    VII FONDO 10

    VII.1 HECHOS 10

    A. Contexto 11

    B. La detención del señor Lysias Fleury 11

    C. Hechos posteriores a la liberación del señor Lysias Fleury 13

    D. Denuncias de los hechos 14

    VII.2 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL 15

  3. Alegatos 15

  4. Consideraciones de la Corte 16

    VII.3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 19

  5. Alegatos 19

    B. Consideraciones de la Corte 20

    1. Los alegados actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra el señor F. 21

    2. Las condiciones en que estuvo detenido el señor F. 24

    3. La alegada violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares del señor F. 25

    VII.4 DERECHO DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA 26

    A. Alegatos 26

  6. Consideraciones de la Corte 26

    VII.5 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 28

  7. Alegatos 28

  8. Consideraciones de la Corte 28

    VII.6 ACCESO A LA JUSTICIA

    (DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL) 29

    A. Alegatos 29

    B. Consideraciones de la Corte 30

    VIII REPARACIONES

    (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA) 32

  9. Parte Lesionada 32

    B. Obligación de investigar los hechos 33

    1. Alegatos de las partes. 33

    2. Consideraciones de la Corte. 33

  10. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 33

    1. Medidas de satisfacción. 34

    2. Garantías de no Repetición. 34

  11. Indemnizaciones. 36

    1. Daño material. 36

      a) Alegatos de las partes. 37

      b) Consideraciones de la Corte 37

    2. Daño inmaterial. 38

      a) Alegatos de las partes. 38

      b) Consideraciones de la Corte 39

  12. Costas y gastos. 40

    1. Alegatos de las partes. 40

    2. Consideraciones de la Corte 40

    F. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 41

    IX PUNTOS RESOLUTIVOS 42

    Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    El 5 de agosto del 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra el Estado de Haití (en adelante “el Estado” o “Haití”) en relación con el caso número 12.459 “L.F. y su familia”, originado en la denuncia presentada el 11 de octubre de 2002 por el peticionario. El 26 de febrero de 2004 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad número 20/04[2]. El 16 de marzo de 2009 la Comisión adoptó, en los términos del artículo 50 de la Convención, el Informe de fondo número 06/09[3] y, al transmitirlo al Estado, le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas a fin de dar cumplimiento a sus recomendaciones. El 12 de mayo de 2009 la Comisión recibió un escrito de los representantes en que manifestaron su voluntad de que el caso fuera sometido ante la Corte. El 17 de julio del 2009 la Comisión decidió someter el presente caso ante la Corte, al considerar que Haití no había adoptado sus recomendaciones. La Comisión designó al señor C.K.R., Comisionado, y al señor S.A.C., Secretario Ejecutivo, como D., y a la señora E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, al señor M.L.G. y a la señora K.I.Q.O. como asesoras legales.

    La demanda se relaciona con las alegadas “detención ilegal, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de L.F., ocurridas el 24 de junio de 2002 en la ciudad de Puerto Príncipe; la posterior falta de diligencia en la investigación de los hechos y la denegación de la justicia en perjuicio de él y sus familiares, así como la violación a la integridad personal de sus familiares”.

    La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal), 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma (Obligación de Respetar los Derechos), en perjuicio del señor L.F.. Igualmente, la Comisión solicitó que el Tribunal declare la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (Obligación de Respetar los Derechos), en perjuicio de su esposa R.B.F., sus hijas R.M. y F.F. y su hijo H.F.. Finalmente, solicitó determinadas reparaciones y el pago de costas y gastos por el litigio del caso a nivel nacional e internacional.

    La demanda fue notificada al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas el 9 de septiembre de 2009.

    El 27 de noviembre de 2009 las señoras M.J., A.P. y S.R., de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de American University[4], representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante, “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 37 del Reglamento. En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión, ampliando cierta información sobre los mismos, y alegaron que el Estado es responsable, además de lo alegado por la Comisión, por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) y 22 (Derecho de circulación y residencia), en relación con el artículo 1.1, todos de la Convención Americana, en perjuicio del señor F. y sus familiares. Por último, los representantes solicitaron determinadas reparaciones y el pago de costas y gastos.

    Teniendo en cuenta las condiciones en que se encontraba la institucionalidad haitiana, y ante la magnitud del terremoto ocurrido en enero de 2010 que ha afectado seriamente el funcionamiento del Estado, mediante Resolución de 1 de febrero de 2010 la Corte consideró que en ese momento resultaba excesivo exigir al Estado el cumplimiento del plazo establecido reglamentariamente para que contestara la demanda y presentara observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, dada la proximidad del vencimiento del mismo. En consecuencia, dispuso que determinaría, en el primer período ordinario de sesiones celebrado en el año 2011, el modo de continuar con el trámite del presente caso y, en particular, el modo de computar el referido plazo para que el Estado presentara su contestación. Asimismo, se señaló que lo dispuesto precedentemente no suspendía las demás obligaciones del Estado derivadas de la Convención Americana y otros tratados internacionales pertinentes. El 4 de marzo de 2011 se informó al Estado que había finalizado el plazo de suspensión de los procedimientos, por lo que se reanudaron a partir de ese momento. No obstante, durante el procedimiento ante la Corte el Estado no contestó la demanda ni el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, ni participó en forma alguna. Por ende, la Corte ha debido retomar los procedimientos y, en cumplimiento de sus funciones convencionales, debe dictar ahora sentencia.

    PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

    El 4 de marzo de 2011 la Secretaría informó al Estado, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el P.”), que había finalizado el plazo de suspensión de los procedimientos en el presente caso, establecido en el segundo punto resolutivo de la referida Resolución (supra párr.6), por lo que los procedimientos se reanudarían a partir de ese momento. De tal manera, la Secretaría informó que el plazo de dos meses establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Corte para que el Estado presentara su contestación a la demanda y sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, debía contarse a partir de la recepción de dicha comunicación y sus respectivos anexos. Se envió al Estado, nuevamente, copia de la referida demanda y del escrito de los representantes con sus respectivos anexos.

    El 20 de mayo de 2011 la Secretaría comunicó a las partes que, ante la falta de respuesta del Estado y en los términos de los artículos 15 y 42 del Reglamento, la Corte decidió que no era necesario convocar a una audiencia en este caso. Asimismo, solicitó a las partes la lista definitiva de testigos y peritos que proponían, las que fueron remitidas el 27 de mayo siguiente por la Comisión y los representantes.

    El 1 de junio de 2011 el Tribunal recibió un escrito en calidad de amicus curiae suscrito por el señor A.D., por parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos de América.

    Mediante Resolución de 20 de julio de 2011, el Presidente ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público (afidávit) de cinco peritos, dos propuestos por la Comisión y tres por los representantes. Además, el Presidente informó a las partes el plazo para presentar sus alegatos finales escritos sobre el fondo y las reparaciones.

    El 1 y 3 de septiembre...

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