Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de Septiembre de 2006. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Serie C No. 153

Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2006
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Goiburú y otros Vs. Paraguay
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Perú

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay

Sentencia de 22 de septiembre de 2006

(Fondo, R. y Costas)

En el caso G. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.; y

D.G.-Sayán, J..

presentes, además,

P.S.A., S.;

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 8 de junio de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Paraguay (en adelante “el Estado” o “el Paraguay”) la cual se originó en las denuncias números 11.560, 11.665 y 1.667 recibidas en la Secretaría de la Comisión el 6 de diciembre de 1995 y el 31 de julio de 1996, respectivamente. En su demanda la Comisión solicitó que el Tribunal declare que el Estado ha incurrido en la violación continuada de los derechos consagrados en los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de A.G.G., C.J.M.B. y los hermanos R. y B.R.V.. A su vez, la Comisión solicitó que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación continuada del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que declare que el Estado ha violado de manera continuada los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de A.G.G., C.J.M.B. y los hermanos R. y B.R.V. y sus familiares.

  2. La demanda se refiere a la presunta detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada de los señores A.G.G., C.J.M.B. y de los hermanos R.F. y B. de J.R.V., supuestamente cometidas por agentes estatales a partir de 1974 y 1977, así como a la impunidad parcial en que se encuentran tales hechos al no haberse sancionado a todos los responsables de los mismos. La Comisión alega que la “desaparición forzada de [dichas] personas es una violación continuada […] que se prolonga hasta la fecha, por cuanto el Estado no ha establecido el paradero de las [presuntas] víctimas ni ha localizado sus restos, así como tampoco ha sancionado penalmente a todos los responsables de las violaciones en su contra, ni ha asegurado a sus familiares una reparación adecuada”. Según la demanda, el doctor A.G.G. era un médico paraguayo, afiliado al Partido Colorado, y fundador de un grupo político opositor a S.M.. El 9 de febrero de 1977 el doctor A.G.G. fue detenido arbitrariamente en Argentina por agentes del Estado paraguayo o por personas que actuaban con su aquiescencia, luego llevado al Departamento de Investiación de la Policía en Asunción, donde se le mantuvo incomunicado, torturado y posteriormente fue desaparecido. “La desaparición del doctor G. ha sido considerada como una ‘acción coordinada entre las fuerzas de seguridad paraguaya y argentina’ que formó parte de la ‘Operación Cóndor’”. “El señor C.J.M.B. era un ciudadano paraguayo que estudiaba ingeniería en La Plata, Argentina. Fue detenido el 25 de noviembre de 1974, en la aduana paraguaya cuando ingresaba al país desde Argentina con su esposa G.E.R. de M. y su hija de ocho meses. El 23 de noviembre de 1974 fueron detenidos los hermanos B. y R.R.V., el primero al entrar desde Argentina en la frontera paraguaya y el segundo en la ciudad de Asunción. El señor M. y los hermanos R.V., a quienes se acusaba de pertenecer "a un grupo terrorista que preparaba un atentado contra S.", supuestamente liderado por el doctor G., estuvieron detenidos en el Departamento de Investigaciones, entre otras dependencias. Las presuntas víctimas permanecieron detenidas por veintidós meses, fueron objeto de torturas durante ese período, mantenidos en incomunicación y posteriormente desaparecidos.

  3. La Comisión argumentó que estos hechos se llevaron a cabo dentro de un contexto “en el cual agentes del Estado paraguayo detuvieron ilegalmente, mantuvieron incomunicados, torturaron, mataron y luego ocultaron los restos mortales de personas cuyas actividades políticas enfrentaban y se oponían al régimen de S.”.

  4. Asimismo, la Comisión sometió a conocimiento de la Corte el supuesto perjuicio que ha ocasionado el Estado a los familiares de la presunta víctima por el alegado sufrimiento psíquico y moral causado por la presunta detención y posterior desaparición de las presuntas víctimas y por la supuesta ausencia de una investigación completa, imparcial y efectiva sobre los hechos. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

    II

    Competencia

  5. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana, ya que el Paraguay es Estado Parte de la Convención desde el 24 de agosto de 1989 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 26 de marzo de 1993.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  6. El 6 de diciembre de 1995 el International Human Rights Law Group, luego llamado Global Rights Partners for Justice (en adelante “Global Rights”) y el Comité de Iglesias Para Ayudas de Emergencia (en adelante "CIPAE"), (en adelante “los representantes”), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana por las presuntas detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada de A.G.G.. Este caso fue tramitado bajo el número 11.560.

  7. El 31 de julio de 1996 Global Rights y CIPAE presentaron una petición ante la Comisión Interamericana por la presunta detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada de C.J.M.B.. Este caso fue tramitado bajo el número 11.665.

  8. El 31 de julio de 1996 Global Rights y CIPAE presentaron una petición ante la Comisión Interamericana por las presuntas detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada de los hermanos R. y B.R.V.. Este caso fue tramitado bajo el número 11.667.

  9. A partir del 19 de octubre de 2004 la Comisión decidió tramitar los casos número 11.560, 11.665 y 11.667 conjuntamente.

  10. El 19 de octubre de 2004, en el marco de su 121º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el informe de Admisibilidad y Fondo No. 75/04, mediante el cual concluyó, inter alia, que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, por la detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada de A.G.G., C.J.M.B., y los hermanos R.F. y B. de J.R.V. a partir de 1974 y 1977 en Paraguay, así como por la falta de investigación, procesamiento y sanción a los responsables, y por la falta de reparación efectiva a los familiares de las víctimas de esas violaciones. La Comisión recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para subsanar las mencionadas violaciones.

  11. El 8 de diciembre de 2004 la Comisión transmitió el informe de admisibilidad y fondo al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que informara acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el mismo. En esa misma fecha, la Comisión, de conformidad con el artículo 43.3 de su Reglamento, notificó a los peticionarios la adopción del informe y su tramitación al Estado y les solicitó su posición respecto del eventual sometimiento del caso a la Corte Interamericana. El 8 de febrero de 2005 el Estado solicitó una prórroga para informar sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión. La prórroga fue otorgada hasta el 23 de febrero de 2005 y Paraguay presentó su informe el 24 de febrero del mismo año. El 4 de marzo de 2005 el Estado solicitó una prórroga de tres meses del plazo previsto en el artículo 51.1 de la Convención, “aceptando expresa e irrevocablemente que la concesión de tal prórroga suspend[ía dicho] plazo […] para elevar el caso a la Corte Interamericana y expresando que el Estado renuncia expresamente a interponer la excepción relacionada con la suspensión de [ese] plazo”. Esta prórroga fue otorgada por la Comisión a partir de dicho día hasta el 4 de junio de 2005, con el objeto de que “el Estado [contara] con plazo adicional para cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe No. 75/04”.

  12. El 7 de junio de 2005 la Comisión Interamericana, luego de escuchar el parecer de los peticionarios, decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, “ante la falta de cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones” contenidas en el informe No. 75/04.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  13. El 8 de junio de 2005 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a los señores J.Z., Comisionado, y S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como...

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