Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de Enero de 1994. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Serie C No. 16

Fecha de Resolución:21 de Enero de 1994
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Gangaram Panday Vs. Surinam
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Trinidad y Tobago

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Gangaram Panday Vs. Surinam

Sentencia de 21 de enero de 1994

(Fondo, R. y Costas)

En el caso G.P.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

R.N.N., Presidente

Sonia Picado Sotela, Vicepresidenta

Héctor Fix-Zamudio, Juez

Alejandro Montiel Argüello, Juez

Hernán Salgado Pesantes, Juez

Asdrúbal Aguiar-Aranguren, Juez

Antônio A. Cançado Trindade, J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

A.M.R., Secretaria adjunta

de acuerdo con el artículo 44.1 del Reglamento de la Corte vigente hasta el 31 de julio de 1991 (en adelante “el Reglamento”), que es el aplicable a este caso, dicta la siguiente sentencia sobre el caso introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) contra el Estado de Suriname (en adelante “el Gobierno” o “Suriname”).

I

  1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) por la Comisión el 27 de agosto de 1990. Se originó en una denuncia (Nº 10.274) contra Suriname presentada ante la Comisión el 17 de diciembre de 1988.

  2. Al presentar el caso, la Comisión invocó los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 50 de su Reglamento. La Comisión sometió este caso contra Suriname en perjuicio del señor C.G.P. (conocido también como Asok Gangaram Panday) por violación de los artículos 1 (Obligación de respetar los derechos), 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4.1 (Derecho a la vida), 5.1 y 2 (Derecho a la integridad personal), 7.1, 2 y 3 (Derecho a la libertad personal) y 25.1 y 2 (Protección judicial) de la Convención y solicitó que la Corte “decida sobre este caso conforme a las disposiciones de la Convención, que determine la responsabilidad por la violación señalada y que otorgue una justa compensación a los familiares de la víctima”. Designó como sus delegados para que la representen en este caso a O.H.J., miembro; E.M.R., Secretaria ejecutiva y D.J.P., S. ejecutivo adjunto.

  3. La denuncia de 17 de diciembre de 1988, presentada ante la Comisión, se refiere a la detención y posterior muerte del señor A.G.P. en Suriname. Dicha denuncia fue hecha por el señor L.G.P., hermano del muerto, en los términos que a continuación resume la Corte:

    a. El señor A.G.P. fue detenido por la Policía Militar cuando llegó al Aeropuerto Zanderij, el sábado 5 de noviembre de 1988 a las 20:00 horas. El señor L.G.P. expresó que vio “cuando la Policía Militar lo condujo a una habitación. Su esposa, D., estaba conmigo y también lo vio (sic) bajo custodia de la policía”.

    b. El domingo 6 de noviembre L.G.P. reiteradamente llamó a la Policía Militar en el aeropuerto. A las 16:30 horas el C. le informó que su hermano “iba a ser trasladado esa noche a Fort Zeelandia, [debido a que se hallaba arrestado por haber] sido expulsado de Holanda”. Tras reiteradas e infructuosas llamadas, el día martes 8 la Policía Militar de Fort Zeelandia le informó al denunciante que su hermano se había ahorcado.

    c. L.G.P. y su abogado, G.G.P., visitaron al F. General R. quien nada sabía del caso. Todos ellos y el señor F., A.M., fueron juntos a la morgue. Allí encontraron el cuerpo de A.G.P. que “[e]staba cubierto solamente con su ropa interior. Tenía hematomas en el pecho y el estómago y un orificio en su espalda. Un ojo estaba amoratado y tenía cortado un labio. Los hematomas eran grandes [. . .] [El cadáver] tenía un cinturón corto en torno al cuello”.

    d. Continúa diciendo la denuncia que

    [e]l dictamen de la primera autopsia sostuvo que se había suicidado. El de la segunda indica que había muerto por asfixia pero que no era posible atribuir la responsabilidad por su deceso. La tercera autopsia dictaminó muerte por violencia.

    e. El denunciante grabó una videocinta del cadáver en la morgue antes de la cremación y afirma que cuando quitaron la ropa interior al cadáver observaron “que los testículos habían sido aplastados”.

    f. De acuerdo con la denuncia, el F. General dijo personalmente al abogado del denunciante que se trataba de un caso de suicidio; la familia no recibió informe escrito alguno; el abogado del denunciante le dijo a éste que “no deb[ía] insistir en el caso ante las autoridades surinamesas porque e[ra] peligroso”.

  4. Mediante nota de 21 de diciembre de 1988 la Comisión solicitó al Gobierno información acerca de las circunstancias que rodearon la muerte del señor A.G.P., otorgándole un plazo de 90 días para proporcionarla. Solicitó, entre otros elementos, copias de los dictámenes de todas las autopsias e informes post mortem y patológicos relacionados con el caso. Posteriormente, el 6 de febrero de 1989, la Comisión remitió al Gobierno el texto completo de la denuncia.

  5. El 3 de mayo de 1989 la Comisión recibió respuesta a sus comunicaciones de 21 de diciembre de 1988 y de 6 de febrero de 1989, mediante nota del Gobierno fechada 2 de mayo de 1989. En dicha misiva el Ministro de Justicia y Policía señaló que efectivamente, el 5 de noviembre de 1988, A.G.P. “fue [. . . ] llevad[o] por la Policía Militar a un edificio para desalojados (sic) del Aeropuerto Zanderij”. Además indicó en esa carta:

    a. Que el F. General después de que el abogado G.P., hermano del fallecido, informó sobre lo ocurrido, “dio la orden de que se realizara una autopsia, y el Juez-Abogado, junto con el abogado G.P., tuvieron la oportunidad de visitar la morgue para la autopsia del cadáver”.

    b. Que en la nota del Gobierno de 2 de mayo de 1989, “se elaboró un informe de la autopsia, y que el anatomopatólogo llegó a la conclusión de que se trató de un caso de suicidio, hecho que fue notificado al hermano del difunto, abogado G.P.”. Además indicó que no se solicitó copia del informe de la autopsia y que

    el Departamento de Investigación Técnico-Penal y el Departamento de Identificación elaboraron un informe, en relación con la posibilidad de que ASOK GANGARAM PANDAY se hubiera ahorcado con su cinturón, hecho que fue confirmado por el oficial encargado de la investigación. (Mayúsculas del original)

    Finalmente comunicó que el F. General

    consider[ó] necesario investigar la posibilidad de que el oficial de la Policía Militar actuante en el arresto de ASOK GANGARAM PANDAY, fuera culpable de privación ilegítima de la libertad o de detención ilícita [y que él] ordenó al Juez-Abogado la citación del Oficial de la Policía Militar ante la Corte Marcial. (Mayúsculas del original)

  6. Según la demanda presentada por la Comisión ante la Corte el 14 de setiembre de 1989 el profesor C.G., representante del peticionante ante la Comisión, le solicitó a ésta una audiencia, la que se celebró ese mismo mes durante el 76° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. En ella reiteró la naturaleza de la denuncia y pidió una solución amistosa. A pesar de haberse reunido el profesor G. en noviembre de 1989 con el Ministro de Relaciones Exteriores de Suriname, en presencia del doctor D.P., no se pudo arribar a una solución amistosa de este caso.

  7. Por carta del 29 de enero de 1990 transcrita en el informe de la Comisión Nº 04/90 de 15 de mayo de 1990 que acompaña la demanda, el denunciante indicó conocer a algunos miembros de la Policía Militar que sostuvieron que

    Asok fue torturado en Fort Zeelandia, no en Zanderij, [pero] tienen miedo de prestar testimonio, y [t]ambién conoce a algunas personas de la morgue que afirman que A. murió antes de la fecha mencionada oficialmente [. . .] [que ha] remitido una copia del dictamen de la tercera autopsia, firmado por el Patólogo [y que] [n]o hay copias de los otros dos, aunque en la prensa se hizo referencia a ellos.

  8. Mediante comunicación de 4 de febrero de 1990, que acompaña la demanda, el doctor R.B., Ph.D., M.D., anatomopatólogo, comunicó al profesor G. su evaluación profesional de la videocinta que éste le remitió, grabada durante la higienización del cadáver de A.G.P.. El doctor B. opinó que si bien la calidad de la videocinta es insatisfactoria

    [e]l tipo de muerte no es natural. La causa del deceso es la asfixia por suspensión. Tiendo a concluir, en función de las pruebas que se me proporcionaron, que la persona murió ahorcada, pero en cuanto a la modalidad de la muerte, no puede establecerse si fue por accidente, suicidio u homicidio. Dadas las pruebas que me fueron proporcionadas, si tuviera que hacerlo, suscribiría el certificado de defunción como ‘por causa indeterminada’ pero preferiría indagar el caso más profundamente.

    Este informe del doctor B. fue remitido por el profesor G. a la Comisión el 21 de marzo de 1990. También adjuntó una copia del certificado de defunción firmado por el doctor M.A.V., anatomopatólogo del Hospital Anatómico de Paramaribo, quien certificó que A.G.P. murió “de muerte violenta”.

  9. La Comisión remitió al Gobierno el 23 de marzo de 1990 la parte pertinente de la carta del profesor G. junto con los informes citados de los doctores B. y V. y le otorgó un plazo de 30 días para que presentara toda la información relevante que tuviera sobre el caso.

  10. El 11 de mayo de 1990 el Gobierno remitió a la Comisión la misma copia del certificado de defunción firmada por el doctor M.A.V. que dice “[l]a muerte se produjo por medios violentos y en el momento del deceso [. . .] el sujeto no padecía de ningún tipo de enfermedad infecciosa” y un dictamen de autopsia dado por el mismo patólogo doctor V. en el cual afirma que “[s]e presume que la causa de la muerte fue asfixia debido al ahorcamiento”.

  11. En esa misma fecha, la Comisión recibió en audiencia al profesor C.G. quien explicó que había sido imposible arribar a una solución amistosa sobre el presente caso y pidió a la Comisión que lo sometiera a la consideración de la Corte.

  12. La Comisión adoptó, de acuerdo con el artículo 50 de la Convención, el 15 de mayo de 1990 el informe Nº 04/90, en el cual resolvió:

  13. Declarar admisible el presente caso.

  14. Declarar que las partes no pudieron...

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