Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de Septiembre de 1993. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Serie C No. 15

Fecha de Resolución:10 de Septiembre de 1993
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Aloeboetoe y otros Vs. Surinam
Acto:Reparaciones y Costas
Solicitante:Trinidad y Tobago

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam

Sentencia de 10 de septiembre de 1993

(Reparaciones y Costas)

En el caso A. y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

R.N.N., Presidente

Sonia Picado Sotela, Vicepresidente

Héctor Fix-Zamudio, Juez

Julio A. Barberis, Juez

Asdrúbal Aguiar-Aranguren, Juez

Antônio A. Cançado Trindade, J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

A.M.R., Secretaria adjunta

de acuerdo con el artículo 44.1 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Reglamento”), vigente para los asuntos sometidos a su consideración antes del 31 de julio de 1991, dicta la siguiente sentencia en la acción iniciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) contra la República de Suriname (en adelante “el Gobierno” o “Suriname”) y en cumplimiento de la decisión de 4 diciembre de 1991 (Caso Aloeboetoe y otros, Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11).

I

  1. El presente caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) por la Comisión el 27 de agosto de 1990 en nota con la que acompañó el informe 03/90, originado en la denuncia Nº 10.150 de 15 de enero de 1988 contra Suriname.

    La Comisión afirmó en su escrito que “el Gobierno de Suriname violó los artículos 1, 2, 4(1), 5(1), 5(2), 7(1), 7(2), 7(3), 25(1) y 25(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en virtud de lo cual solicitó “que la Corte decida sobre este caso conforme a las disposiciones de la Convención, que determine la responsabilidad por la violación señalada y que otorgue una justa compensación a los familiares de la víctima”.

  2. La Comisión presentó su memoria el 1 de abril de 1991.

    Los hechos materia de la denuncia habrían sucedido el 31 de diciembre de 1987 en Atjoni (aldea de Pokigron, Distrito de Sipaliwini) y en Tjongalangapassi, Distrito de Brokopondo. En Atjoni, más de 20 cimarrones (maroons / bushnegroes) varones inermes habrían sido atacados, vejados y golpeados con las culatas de sus armas por un grupo de militares y algunos de ellos habrían sido heridos con bayonetas y cuchillos y detenidos bajo la sospecha de que eran miembros del grupo subversivo Comando de la Selva. Habría habido unos 50 testigos.

  3. Según la denuncia, todos los implicados negaron que pertenecieran al Comando de la Selva. El Capitán de la aldea de Gujaba informó explícitamente a un comandante a cargo de los soldados que se trataba de civiles de varias aldeas, pero éste desatendió la información.

  4. La denuncia afirma que los militares permitieron que algunos de los cimarrones prosiguieran su viaje, pero siete personas, entre ellas un menor de 15 años, fueron arrastradas con los ojos vendados al interior de un vehículo militar y llevadas por T. rumbo a Paramaribo. Los nombres de las personas que los militares se llevaron, su lugar de origen y fecha de nacimiento cuando se conoce son los siguientes: D.A., de Gujaba nacido el 7 de junio de 1960; D.A., de Gujaba; M.A., de Gujaba, nacido el 4 de febrero de 1973; J.A., de Asindonhopo (vivía en Gujaba); R.V., alias A. o Ameikanbuka, de Grantatai (encontrado vivo); M.I.B., de Gujaba, nacido el 3 de junio de 1955 y B.T., de Gujaba (cfr. infra, párrs. 65 y 66).

  5. Continúa la denuncia diciendo que a la altura del kilómetro 30 el vehículo se detuvo y los militares ordenaron a las víctimas salir de él o fueron sacadas a la fuerza. Se les dio una pala y se les ordenó que comenzaran a excavar. A. fue herido al tratar de escapar, aunque no lo persiguieron. Los otros seis cimarrones fueron asesinados.

  6. Expresa la denuncia que el sábado 2 de enero de 1988 hombres de Gujaba y de Grantatai salieron con destino a Paramaribo para demandar información de las autoridades sobre las siete víctimas. Visitaron al Coordinador del Interior en Volksmobilisatie y a la Policía Militar en Fuerte Zeelandia, en donde trataron de ver al Jefe del S-2. Sin haber obtenido información sobre el paradero de las víctimas, el lunes 4 de enero regresaron a Tjongalangapassi y en el kilómetro 30 encontraron a Aside gravemente herido y en estado crítico, así como los cadáveres de las otras víctimas. A., que tenía una bala en el muslo derecho, indicó que él era el único sobreviviente de la masacre, cuyas víctimas ya habían sido en parte devoradas por los buitres. La herida de Aside se hallaba infectada de gusanos y sobre el omóplato derecho tenía una cortada en forma de equis. El grupo regresó a Paramaribo con la información. Después de 24 horas de negociación con las autoridades el representante de la Cruz Roja Internacional obtuvo permiso para evacuar al señor A.. Este fue admitido en el Hospital Académico de Paramaribo el 6 de enero de 1988 pero falleció pese a los cuidados que recibió. La Policía Militar impidió que los parientes lo visitaran en el hospital. Hasta el 6 de enero los familiares de las otras víctimas no habían obtenido autorización para enterrar sus cuerpos.

  7. El denunciante original dice haber hablado dos veces con Aside sobre los acontecimientos y que la historia relatada por éste coincide con la obtenida de los testigos de los sucesos y participantes en la búsqueda.

  8. La memoria de la Comisión contiene toda la documentación relativa al caso, cuyo procedimiento inició el 1 de febrero de 1988 y continuó hasta el 15 de mayo de 1990, fecha en que, de acuerdo con el artículo 50 de la Convención, adoptó el informe Nº 03/90, en el que resolvió:

  9. Admitir el presente caso.

  10. Declarar que las partes no han podido arribar a una solución amistosa.

  11. Declarar que el Gobierno de Suriname ha faltado a su obligación de respetar los derechos y libertades consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de garantizar su libre y pleno ejercicio tal como lo disponen los artículos 1 y 2 de la Convención.

  12. Declarar que el Gobierno de Suriname ha violado los derechos humanos de las personas a que se refiere este caso, tal como lo proveen (sic) los artículos 1, 2, 4(1), 5(1), 5(2), 7(1), 7(2), 7(3), 25(1) y 25(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  13. Recomendar al Gobierno de Suriname que adopte las siguientes medidas:

    a. Dar efecto a los artículos 1 y 2 de la Convención, garantizando el respecto y goce de los derechos allí consignados;

    b. Investigar las violaciones que ocurrieron en este caso, enjuiciar y castigar a los responsables de estos hechos;

    c. Tomar las medidas necesarias para evitar su reocurrencia (sic);

    d. Pagar una justa compensación a los parientes de las víctimas.

  14. Transmitir este informe al Gobierno de Suriname y establecer un plazo de 90 días para implementar las recomendaciones allí contenidas. El período de 90 días comenzará a correr a partir de la fecha de envío del presente informe. Durante los 90 días en cuestión, el Gobierno no podrá publicar este informe, de conformidad con el artículo 47.6 del Reglamento de la Comisión.

  15. Someter este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso que el Gobierno de Suriname no de (sic) cumplimiento a todas las recomendaciones contenidas en el punto 5.

  16. En su memoria del 1 de abril de 1991 la Comisión solicitó a la Corte lo siguiente:

    [. . .]

    Que la Ilustrísima Corte decida que el Estado de Suriname es responsable de la muerte de los señores A., D.; A., D.; A., M.; Amoida, J.; V., R., alias Aside [o] Ameikanbuka (encontrado vivo); B., M. I., y Tiopo, B., mientras se encontraban detenidos, y que dicha muerte es una violación de los artículos 1(1) (2), 4 (1), 5 (1) (2), 7 (1) (2) (3) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    Que la Corte decida que Suriname debe reparar adecuadamente a los familiares de las víctimas y que, por lo tanto, ordene: el pago de una indemnización por daño emergente y lucro cesante, reparación del daño moral, incluyendo el pago de indemnización y la adopción de medidas de rehabilitación del buen nombre de las víctimas, y que se investigue el crimen cometido y se provea el castigo de quienes sean encontrados culpables.

    [. . .]

    Que la Corte ordene que Suriname pague las costas incurridas por la Comisión y las víctimas en el presente caso.

    [. . .]

  17. La contra-memoria de Suriname fue recibida por la Corte el 28 de junio de 1991 y en ella el Gobierno opuso excepciones preliminares.

    En ese documento el Gobierno solicitó a la Corte declarar que:

  18. - No se puede tener como responsable a Suriname de la desaparición y muerte de los sujetos indicados por la Comisión.

  19. - Que por no haberse demostrado la gestión de la violación imputada a Suriname no se le obligue a pago de indemnización de tipo alguno por la muerte y desaparición de las personas que se indica en el informe de la Comisión.

  20. - Que se le exonere del pago de las costas de la presente acción pues no se ha demostrado la responsabilidad de Suriname con las ejecuciones que se le imputan.

  21. En la audiencia pública del 2 de diciembre de 1991, convocada por la Corte para tratar sobre las excepciones preliminares, Suriname reconoció su responsabilidad en el caso (cfr. Caso Aloeboetoe y otros, supra párrafo inicial, párr. 22).

  22. En consecuencia, la Corte por unanimidad adoptó el 4 de diciembre de 1991 una sentencia según la cual

  23. Toma nota del reconocimiento de responsabilidad efectuado por la República de Suriname y decide que ha cesado la controversia acerca de los hechos que dieron origen al presente caso.

  24. Decide dejar abierto el procedimiento para los efectos de las reparaciones y costas del presente caso (C.A. y otros, supra párrafo inicial, parte resolutiva).

    II

  25. El Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) resolvió el 18 de enero de 1992 otorgar a la Comisión plazo hasta el 31 de marzo de 1992 para ofrecer y presentar las pruebas de que dispusiere sobre las reparaciones y costas en este caso; y al Gobierno hasta el 15 de mayo de 1992 para formular...

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