Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de Diciembre de 1991. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Serie C No. 12

Fecha de Resolución: 4 de Diciembre de 1991
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Gangaram Panday Vs. Surinam
Acto:Excepciones Preliminares
Solicitante:Trinidad y Tobago

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Gangaram Panday Vs. Surinam

Sentencia de 4 de diciembre de 1991

(Excepciones Preliminares)

En el caso G.P.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

H.F.-Zamudio, Presidente

Thomas Buergenthal, Juez

Rafael Nieto Navia, Juez

Sonia Picado Sotela, Juez

Julio A. Barberis, Juez

Antônio A. Cançado Trindade, J. ad hoc;

presentes, además,

M.E.V.R., S. y

A.M.R., Secretaria adjunta

de acuerdo con el artículo 27.4 del Reglamento vigente para los asuntos sometidos a su consideración antes del 31 de julio de 1991 (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno de Suriname (en adelante “el Gobierno” o “Suriname”).

I

  1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) el 27 de agosto de 1990. Se originó en una denuncia (Nº 10.274) contra Suriname recibida en la Secretaría de la Comisión el 17 de diciembre de 1988.

  2. Al presentar el caso, la Comisión invocó los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 50 de su Reglamento. La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte del Gobierno involucrado, de los artículos 1 (Obligación de respetar los derechos), 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4 (Derecho a la vida), 5 (Derecho a la integridad personal), 7 (Derecho a la libertad personal) y 25 (Protección judicial) de la Convención en perjuicio del señor C.G.P., llamado también A.G.P., y solicitó que la Corte “decida sobre este caso conforme a las disposiciones de la Convención, que determine la responsabilidad por la violación señalada y que otorgue una justa compensación a los familiares de la víctima”. Designó como sus delegados para que la representen a O.H.J., miembro; E.M.R., Secretaria ejecutiva y D.J.P., S. ejecutivo adjunto.

  3. La petición formulada por la Comisión, junto con sus anexos, fue remitida al Gobierno por la Secretaría de la Corte el 17 de septiembre de 1990.

  4. Mediante facsímile de 6 de noviembre de 1990 el Gobierno de Suriname designó como agente al Licenciado C.V.P., de San José, Costa Rica.

  5. El Presidente de la Corte, mediante resolución de 12 de noviembre de 1990, de común acuerdo con el agente de Suriname y los delegados de la Comisión y en consulta con la Comisión Permanente de la Corte, señaló el 29 de marzo de 1991 como fecha límite para que la Comisión presentara la memoria a que se refiere el artículo 29 del Reglamento y el 28 de junio de 1991 como fecha límite para que el Gobierno presentara la contra-memoria a que se refiere el mismo artículo.

  6. Por nota de 12 de noviembre de 1990 el P. solicitó al Gobierno designar J. ad hoc para este caso. En comunicación de 13 de diciembre de 1990, el agente informó a la Corte que el Gobierno nombró J. ad hoc al profesor A.A.C.T., de Brasilia, Brasil.

  7. Por nota de 7 de febrero de 1991, la Comisión designó al profesor C.G. como asesor legal para el presente caso.

  8. El agente, por escrito de 28 de junio de 1991, interpuso excepciones preliminares al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento. El Presidente de la Corte fijó el día 31 de julio de 1991 como fecha límite para que la Comisión presentara una exposición escrita sobre las excepciones preliminares.

  9. El Presidente, por resolución de 3 de agosto de 1991, dispuso convocar a una audiencia pública en la sede de la Corte para el día 2 de diciembre de 1991, a las 15:00 horas, con el fin de oír la posición de las partes sobre las excepciones preliminares presentadas. En dicha resolución también citó a declarar, por solicitud del Gobierno, como testigos sobre las excepciones preliminares a R. de Freitas, Auditor Militar del Gobierno de Suriname y al doctor A.V., patólogo del Laboratorio Anatómico del Hospital de Paramaribo. El Gobierno renunció posteriormente a que dichas personas comparecieran como testigos. En comunicación de 28 de noviembre de 1991 el agente informó a la Corte que los señores R. de Freitas, A.V. y F.M.R. comparecerían “como parte de la delegación de Suriname” y los presentó como Procurador de la República de Suriname, patólogo y experto y Tercer Secretario de Embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suriname, respectivamente.

  10. La audiencia pública tuvo lugar en la sede de la Corte el día 2 de diciembre de 1991.

    Comparecieron ante la Corte

    por el Gobierno de Suriname:

    C.V.P., agente

    R. de Freitas

    Albert Vrede

    Fred M. Reid;

    por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

    O.H.J., delegado

    D.J.P., delegado.

    II

  11. La denuncia presentada ante la Comisión el 17 de diciembre de 1988 se refiere a la detención y posterior muerte del señor A.G.P. en Suriname. Dicha denuncia fue hecha por el señor L.G.P., hermano del muerto.

  12. Según el denunciante, el señor A.G.P. fue detenido por la Policía Militar cuando llegó al Aeropuerto Zanderij en Paramaribo. Posteriormente la Policía Militar de Fort Zeelandia, donde se hallaba detenido, informó que se había ahorcado.

  13. El 21 de diciembre de 1988 la Comisión solicitó al Gobierno información acerca de las circunstancias que rodearon la muerte de la presunta víctima. El 2 de mayo de 1989 el Gobierno informó sobre las gestiones realizadas para investigar las circunstancias de la detención. Agregó que efectivamente A.G.P., según la autopsia, se había suicidado.

  14. De acuerdo con el artículo 50 de la Convención la Comisión adoptó, el 15 de mayo de 1990, el informe Nº 04/90 en el cual resolvió:

  15. Declarar admisible el presente caso.

  16. Declarar que las partes no pudieron concretizar un arreglo amistoso.

  17. Declarar que el Gobierno de Suriname faltó a su deber de proteger los derechos y libertades contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y asegurar el goce de éstos, tal como lo prevéen (sic) los artículos 1 y 2 del instrumento mencionado.

  18. Declarar que el Gobierno de Suriname ha violado los derechos humanos de la persona a que se refiere este caso, tal como lo proveen los artículos 1, 2, 4(01) (sic), 5(1), 5(2), 7(1), 7(2), 7(3), 25(1) y 25(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  19. Recomendar al Gobierno de Suriname que tome las siguientes medidas:

    a. De (sic) cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Convención, asegurando el respeto y goce de los derechos contenidos en ella.

    b. Realice una investigación sobre los hechos denunciados, a fin de procesar y sancionar a los responsables.

    c. Adopte las medidas necesarias para evitar la comisión de hechos similares en lo sucesivo.

    d. Pague una justa indemnización a las partes lesionadas.

  20. Transmitir el presente informe al Gobierno de Suriname para que éste se pronuncie sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones contenidas en este informe, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha de remisión. El Gobierno no está facultado para publicar el presente informe, conforme a lo estipulado en el artículo 47.6 del Reglamento de la Comisión.

  21. Someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el Gobierno no cumple las recomendaciones señaladas en el inciso 5.

  22. El 27 de agosto de 1990 la Comisión sometió el caso a consideración de la Corte.

    III

  23. La Corte es competente para conocer del presente caso. Suriname es Estado Parte de la Convención desde el 12 de noviembre de 1987 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención en la misma fecha.

    IV

  24. En su escrito de 28 de junio de 1991 el Gobierno se refiere a algunos aspectos de forma aunque sin calificarlos de excepciones preliminares. En la audiencia el agente manifestó expresamente que no lo eran. No obstante, como de una manera u otra esos “aspectos de forma” podrían afectar la admisibilidad y en el escrito se solicitó expresamente a la Corte que se pronuncie sobre ellos, el tribunal se referirá a ellos a continuación. Dichos aspectos son la falta de firma en memorial ante la Corte, la representación de la Comisión en este caso contencioso y la presencia del representante de la víctima en la delegación de la Comisión.

  25. La Corte ya ha dicho que

    en la jurisdicción internacional, la inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los...

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