Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de Julio de 2006. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Serie C No. 149

Caso:Ximenes Lopes Vs. Brasil
Fecha de Resolución: 4 de Julio de 2006
Solicitante:CIDH
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
 
EXTRACTO GRATUITO

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Ximenes Lopes vs. Brasil

Sentencia de 4 de julio de 2006

En el caso Ximenes Lopes,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces(:

Sergio García Ramírez, Presidente;

Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;

Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez;

Cecilia Medina Quiroga, Jueza;

Manuel E. Ventura Robles, Juez, y

Diego García-Sayán; Juez

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;

de acuerdo con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

1. El 1 de octubre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió ante la Corte una demanda contra la República Federativa del Brasil (en adelante “el Estado” o “el Brasil”), la cual se originó en la denuncia No. 12.237, recibida en la Secretaría de la Comisión el 22 de noviembre de 1999.

2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes (en adelante “el señor Damião Ximenes Lopes”, “el señor Ximenes Lopes” o “la presunta víctima”), por las supuestas condiciones inhumanas y degradantes de la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes, una persona con discapacidad mental; los alegados golpes y ataques contra la integridad personal de que se indica fue víctima por parte de los funcionarios de la Casa de Reposo Guararapes (en adelante “la Casa de Reposo Guararapes” o “el hospital”); su muerte mientras se encontraba allí sometido a tratamiento psiquiátrico; así como la supuesta falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan su caso y lo mantienen en la impunidad. La presunta víctima fue internada el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, la cual era un centro de atención psiquiátrica privado, que operaba dentro del marco del sistema público de salud del Brasil, llamado Sistema Único de Salud (en adelante “el Sistema Único de Salud” o “el SUS”), en el Municipio de Sobral, estado del Ceará. El señor Ximenes Lopes falleció el 4 de octubre de 1999 dentro de la Casa de Reposo Guararapes, al final de tres días de internación.

3. Agregó la Comisión que los hechos del presente caso se ven agravados por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad mental, así como por la especial obligación del Estado de brindar protección a las personas que se encuentran bajo el cuidado de centros de salud que funcionan dentro del Sistema Único de Salud del Estado. Consecuentemente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda y que reintegre las costas y gastos.

II

Competencia

4. La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que el Brasil es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1992 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998.

III

Procedimiento ante la Comisión

5. El 22 de noviembre de 1999 la señora Irene Ximenes Lopes Miranda (en adelante “la peticionaria”) presentó una petición ante la Comisión Interamericana contra el Brasil, en la cual denunció los hechos ocurridos en perjuicio de su hermano, el señor Damião Ximenes Lopes.

6. El 14 de diciembre de 1999 la Comisión inició la tramitación de la petición bajo el No. 12.237, y solicitó que el Estado informara sobre “cualquier elemento de juicio que permit[iera] a la Comisión verificar si, en el caso […], fueron o no agotados los recursos de la jurisdicción interna”, para lo que la Comisión concedió al Estado un plazo de 90 días.

7. El 9 de octubre de 2002, durante su 116º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión, en consideración de la posición de la peticionaria y la falta de respuesta por parte del Estado, aprobó el Informe de Admisibilidad No. 38/02. Dicho informe fue transmitido a la peticionaria y al Estado el 25 de octubre de 2002.

8. El 8 de mayo de 2003 la Comisión se puso a disposición de las partes en el marco del procedimiento de solución amistosa.

9. El 17 de octubre de 2003 la Comisión recibió una comunicación de la peticionaria en el cual informó que se tuviera al Centro por la Justicia Global como co-peticionario en el caso (en adelante “los peticionarios”).

10. El 8 de octubre de 2003, durante su 118º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 43/03, mediante el cual concluyó, inter alia, que el Estado es responsable de la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 4 (Derecho a la Vida), 25 (Protección Judicial) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho tratado, por la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes en condiciones inhumanas y degradantes, por las violaciones a su integridad personal, y por su asesinato; y por las violaciones a la obligación de investigar, al derecho a un recurso efectivo y a las garantías judiciales relacionadas con la investigación de los hechos. La Comisión recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para subsanar las mencionadas violaciones.

11. El 31 de diciembre de 2003 la Comisión Interamericana transmitió el Informe de Fondo No. 43/03 al Estado y fijó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas en el mismo. Ese mismo día la Comisión notificó a los peticionarios la adopción del informe y su transmisión al Estado y les solicitó a éstos que informaran su posición respecto de someter el caso ante la Corte Interamericana.

12. El 8 de marzo de 2004 la Comisión recibió una comunicación de los peticionarios, en la cual expresaron que era “extremamente importante el envío del caso a la Corte Interamericana[,…] una vez que el Estado a pesar de pocas y eventuales acciones pertinentes al caso, no cumplió con las tres recomendaciones de esa Honorable Comisión, en el informe dirigido al Estado el 31 de diciembre de 2003”.

13. Los días 17 de marzo y 18 de junio de 2004 el Estado solicitó a la Comisión la concesión de prórrogas para “implementar las recomendaciones” del Informe de Fondo No. 43/03. Dichas prórrogas fueron otorgadas. En ambas ocasiones el Estado aceptó en forma expresa e irrevocable que la concesión de las prórrogas suspendía el plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención para elevar el caso a la Corte.

14. El 23 de septiembre de 2004 el Estado presentó un informe parcial sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión y el 29 de septiembre siguiente, doce días después de vencido el plazo otorgado, el Estado presentó otra comunicación que contenía la contestación al Informe de Fondo emitido por la Comisión.

15. El 30 de septiembre de 2004 la Comisión decidió someter el presente caso a la Corte.

IV

Procedimiento ante la Corte

16. El 1 de octubre de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte, adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó delegados a José Zalaquett y Santiago A. Canton, y como asesores legales a Ignacio Álvarez, Ariel Dulitzky, Víctor Madrigal Borloz y Lillly Ching[1]. El 29 de octubre de 2004 la Comisión remitió la demanda en idioma portugués.

17. El 3 de noviembre de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó ésta junto con sus anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso.

18. El 3 de noviembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda al Centro por la Justicia Global, designado en la demanda como representante de la presunta víctima y sus familiares[2] (en adelante “los representantes”) y se le informó que contaba con un plazo de dos meses para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).

19. El 3 de diciembre de 2004 el Estado comunicó la designación de la señora Virgínia Charpinel Junger Cestari como Agente y señaló que se reservaba la prerrogativa de indicar oportunamente a otros representantes para actuar en el referido caso[3].

20. El 14 de enero de 2005 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial. Los representantes indicaron que el Estado no cumplió con las obligaciones relativas a la garantía de los derechos tutelados en los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio del señor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS