Las medidas cautelares en el proceso penal

• Author: Omar Arandia Guzmán
• Profession: Doctor en Derecho, Ph.D., Profesor docente de pre y posgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Mayor de San Simon de Cochabamba (Bolivia)
• Pages: 25-40

Las medidas cautelares en el proceso penal

Omar ARANDIA GUZMÁN9

Introducción

La profesora española Carolina SANCHIS, en su obra Etapa preparatoria señala que

los actos de investigación tienen como objetivo: Comprobar si el hecho que motiva el

conflicto jurídico penal es delito y garantizan el sometimiento del imputado a la

investigación, juicio y ejecución penal mediante la imposición de medidas cautelares.

Aclarando que en los actos de investigación no es exigible el cumplimiento de los

principios de inmediación y contradicción, explica que durante el juicio son actos de

prueba y los medios probatorios para tener valor legal tienen la exigencia de la

proposición, inmediación y contradicción.

La sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten

ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes que se

relacionan con su conservación y desarrollo; sin embargo no todos estos

comportamientos se proponen tal finalidad, hay algunos que, por lo contrario, lesionan o

ponen en peligro su estabilidad. Frente a ello, el Estado-garantizador de estos bienes

sociales mediante los Tribunales de Justicia-debe adoptar una política doblemente

eficaz, encaminada a prevenirlos para evitar que se menoscabe la integridad del grupo y

la de cada uno de sus miembros, y a reprimirlos cada vez que se realizan. Pero esta

labor no es uniforme y mecánica, ni podría serlo, ya que siendo diversa la intensidad de

la lesión producida con tales hechos, la personalidad del autor y las circunstancias en las

que se comete el ilícito; es lógico que diverso también ha de ser su tratamiento y en

mérito a tales fundamentos la responsabilidad en materia penal es de carácter personal.

El Código de Procedimiento Penal (CPP) cataloga los delitos de acuerdo a la

gravedad del hecho y a la afectación de los bienes jurídicos en delitos de acción privada

que sólo pueden ser ejercidos por el damnificado mediante Acusación Particular sin

intervención del Ministerio Público, descritos por los artículos 18-20 del CPP cuya

autoridad competente resulta ser el Juez de Sentencia (unipersonal); de acción pública a

instancia de parte para los casos expresamente determinados por el Art.19 del CPP que

faculta a la parte que sufrió el agravio el poder decidir-incoar o no la acción penal y

finalmente los delitos de acción pública, ejercitados de oficio por el Ministerio Público

como representante del Estado y la Sociedad, que son la mayoría de los delitos

conforme establece el artículo 20 del CPP.

Indudablemente, desde el inicio de la etapa preparatoria hasta la sustanciación del

juicio transcurre necesariamente un lapso que será mayor o menor según la complejidad

del hecho, el tipo procesal de que se trate y la actividad que desarrollen los sujetos.

Cuanto mayor sea el tiempo que insuma el proceso, mayores son los perjuicios que

sufren las partes, por lo que existe una preocupación legislativa y doctrinal tendiente a

lograr el máximo de celeridad procesal. Pero la celeridad tiene un límite que se halla

marcado por el principio de seguridad jurídica, por cuanto una mayor celeridad es

9 Doctor en Derecho, Ph.D., Profesor docente de pre y posgrado en Derecho Penal y Derecho

Procesal Penal en la Universidad Mayor de San Simon de Cochabamba (Bolivia).

Estudios jurídicos de aproximación del Derecho latinoamericano y europeo

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acompañada generalmente por una mayor superficialidad en la sustanciación y

conocimiento de la causa. En definitiva, lo que se trata de lograr es un adecuado

equilibrio entre los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica, lo cual torna

inevitable que la tramitación de todo proceso demande cierto lapso.

Surge la necesidad de escribir sobre los orígenes de la pena de privación de libertad,

que, entendida ésta en sus términos actuales, son relativamente próximos. Suele

convenirse en que, salvo excepciones de escasa significación hasta el siglo XVI no da

comienzo el proceso histórico que dará lugar en el siglo XVIII a la consolidación de la

pena privativa de libertad en su sentido actual de pena consistente en el propio

internamiento de un sujeto en un establecimiento penitenciario. Hasta entonces la

historia de la Humanidad reservó generalmente a la prisión funciones distintas, en

especial la de servir de custodia de quienes esperaban ser juzgados (la actual detención

o prisión preventiva) o habían de ser sometidos a tormento. Con particular claridad lo

expresó Ulpiano para el Derecho Romano cuando afirmó que la cárcel no se dirigía al

castigo. Durante la mayor parte de la historia las penas han privado de bienes como la

vida, la integridad física, el honor o el patrimonio, pero no de la libertad por si sola.

Cuando se privaba de este último bien, se hacía casi siempre como medio necesario para

otro fin, como los ya señalados, como el de forzar a determinados trabajos como en las

minas, etc.

Para la tardía implantación de la pena de prisión influyeron diversas ideas como: la

libertad física no tuvo hasta tiempos modernos la importancia y el significado que en la

actualidad posee. Grandes masas de la población han carecido hasta hace poco del

derecho a la libertad, no ya en su sentido político, sino en el más primario de ser dueño

de sí mismo: no lo han sido los esclavos ni los siervos de la gleba. Cuando se admitían,

como en Roma, la esclavitud y los trabajos forzados quedaba poco espacio para una

posible pena de puro internamiento. Por otra parte, el Derecho Penal ha sido

predominantemente de carácter privado hasta la aparición del estado moderno. Ahora

bien, el control penal de los esclavos y de los siervos correspondía a su señor, es

comprensible que no interesase a éste castigar a aquellos con una pena de privación de

libertad que le privase de su trabajo. En cuanto al control penal de los libres, era

también lógico que la venganza privada prefiriese penas que o bien compensasen

económicamente el perjuicio sufrido o en otros casos, supusiesen una satisfacción

inmediata del instinto de venganza como la muerte o castigos corporales o infamantes.

Tampoco existía la organización necesaria para mantener un sistema de prisión, con

funcionarios, control a largo plazo, manutención de los internos.

1. Origen de las medidas cautelares

Muchas de las categorías actuales tienen sus referentes en el desarrollo del antiguo

Derecho Romano. El derecho que se conoció desde Roma involucraba exclusivamente a

las relaciones del derecho material (sustantivo), sean éstas desarrolladas en el ámbito

privado, o eventualmente, con la participación del Estado por medio de una actividad

compositiva de conflictos, al proporcionar a las partes un tercero imparcial cuya función

se encontraba garantizada en la mayoría de los casos por la potestad para hacer cumplir

lo dispuesto (iusimperium) por un marcado rasgo de definitividad (res judicata).

Con la aparición de las XII tablas (455 antes de Cristo) surge una nueva figura

denominada addictus. Se refiere a la situación en la que se encuentra el sujeto luego de

pronunciada la decisión judicial que lo condena al cumplimiento de una obligación. En