Jurisprudencia en materia de derecho internacional público

Revista Española de Derecho InternacionalNbr. LXI-2, July 2009Jurisprudencia

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I. Relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno español.–II. Estatuto internacional del Estado.–III. Derecho del Mar.–IV. Asilo y Refugio.–V. Derechos humanos

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Jurisprudencia en materia de derecho internacional público

I. Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno español

2008-18

RELACIÓN ENTRE TRATADOS Y DERECHO INTERNO.–Prevalencia del CEDH ante leyes internas.

Fundamentos jurídicos

Cuarto. Una vez constatado que la expulsión acordada (en cumplimiento estricto del art. 89.1 párr. 1.º del C.P [RCL 1995/3170 y RCL 1996, 777].) no resulta respetuosa con el derecho al respeto a la vida familiar del penado y de su hijo, reconocido en el artículo 8.1 del C.E.D.H. (RCL 1979/2421), se plantea qué solución dar a este conflicto de normas.*

De entrada, conviene recordar que el T.C. ha declarado que la vulneración de derechos humanos reconocidos en Tratados o Convenios Internacionales ratificados por España e incorporados a nuestro Ordenamiento, pero no recogidos específicamente en la Constitución Española (RCL 1978/2836) o sin equivalente en ésta, no determina la inconstitucionalidad de las leyes ni puede ser objeto de recurso de amparo. Esto es, la contradicción que pueda existir entre Tratados y Leyes con respecto a derechos humanos reconocidos por aquellos pero no recogidos en la Constitución, no afecta a la constitucionalidad de las leyes, y que, por ello, no debe ser resuelta por el T.C., sino por los órganos judiciales que conozcan del litigio, en cuanto que se trata de un «puro problema de selección del Derecho aplicable al caso concreto» [sentencias del T.C. números 28/91, de 14-02 (RTC 1991/28), y 44/88, de 17-03 (RTC 1988/44) –de esta última, el F.J. 14.º–].

Se trata de determinar cual es la norma que debe prevalecer. Pues bien, existe a este respecto un cierto consenso, entre todos los estudiosos del sistema de fuentes del Derecho, y más en particular, entre los estudiosos del tema del lugar que ocupan los Tratados Internacionales en el ordenamiento jurídico interno, en atribuir a los Tratados una posición de supralegalidad (no necesariamente jerárquica), o de no sólo inmunidad [art. 96 de la Constitución (RCL 1978/2836)] frente a las leyes ordinarias, sino de aplicación preferente o prevalencia frente a éstas en caso de conflicto (García de Enterría, Rodríguez Zapata –este último sobre estudio de la jurisprudencia del T.S. y de la doctrina del Consejo de Estado–, Herrero de Miñón, etc...). Luis María Díez Picazo, en su obra «Sistema de Derechos Fundamentales», no duda en considerar que aunque el principio de la intangibilidad de los Tratados por parte del legislador no entraña necesariamente y en puridad, la inconstitucionalidad de la ley contraria al Tratado, «es indiscutible que, en todo caso, ha de plasmarse en la inaplicación de la ley (anterior o posterior) incompatible con el Tratado y la aplicación preferente de éste». En el mismo sentido, aunque más matizadamente que el autor recién citado, ya en la sentencia del T.C. n.º 36/91, de 14-02 (RTC 1991/36), se decía que «ciertamente la mayor rigidez de la norma internacional impondrá normalmente la prevalencia de ésta sobre la norma legal».

En atención a cuanto antecede, y en atención a la preferente aplicación del artículo 8 del C.E.D.H. (RCL 1979/2421) sobre el artículo 89.1 párr. 1.º del C.P (RCL 1995/3170 y RCL 1996, 777), procede dejar sin efecto la expulsión acordada al amparo de este último.

[Sentencia Audiencia Provincial de Castellón, núm. 371/2008 (Sección 2.ª), de 8 de septiembre de 2008. Ponente: Ilmo. Sr. D. Pedro Javier Altares Medina. Fuente: Aranzadi (Westlaw), JUR 2009/67177.]

II. Estatuto internacional del estado

2008-19

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN.–Derecho a la tutela judicial efectiva.

Fundamentos de Derecho

Cuarto. (…) Sin embargo, siguen exponiendo los firmantes del Voto particular, la finalidad que hace legítima constitucionalmente la inmunidad de jurisdicción del personal diplomático y consular y la que la convierte en una medida razonable y proporcionada a la imposibilidad de acceder a la jur...

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